La Xunta ya tiene desde el 2022 el marco legal para obligar a limpiar fincas
FORESTAL
Un cambio en el acuerdo entre Medio Rural y la Fegamp para la gestión de la biomasa en la red de fajas secundarias bastaría para hacerlo efectivo
16 sep 2025 . Actualizado a las 10:06 h.La Xunta no tendrá que esperar a la aprobación de ninguna nueva norma, ni tampoco a introducir ninguna modificación en la próxima Lei de Medidas Fiscais e Administrativas (la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos) para asumir la competencia de firmar los apercibimientos para hacer cumplir ley a los propietarios que no limpian las fincas ubicadas en las franjas secundarias de protección de las aldeas de las parroquias priorizadas por su alto riesgo de incendio en los ayuntamientos de menos de 10.000 vecinos. Porque, como confirman fuentes de la Xunta, para llevar a la práctica esta medida expuesta por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su comparecencia en el pleno del Parlamento gallego esta semana, bastaría con introducir una modificación en el acuerdo suscrito entre el Gobierno gallego y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la gestión de la biomasa en esas franjas. Actualmente están adscritos a él 288 concellos, el 92 % de todos los que hay en Galicia.
El atajo puede tomarse porque esta posibilidad ya fue introducida después de los fuegos de O Courel de agosto del 2022 en la Lei de medidas fiscais e administrativas aprobada aquel mismo año: «No marco do convenio que regula o sistema público de xestión da biomasa dos terreos rústicos incluídos na rede de faixas secundarias de xestión da biomasa (...) poderase prever como fórmula de colaboración, entre outras actuacións, que a consellería competente en materia forestal (Medio Rural) asuma a competencia para efectuar as comunicacións, apercibimentos, a imposición de multas coercitivas, as publicacións e o desenvolvemento das actuacións materiais de execucións subsidiarias previstas neste precepto», dice la norma.
La cuestión es que, aunque el acuerdo entre la Xunta y la Fegamp fue renovado el pasado mes de abril con un importe de 12,25 millones de euros para este año (7,75 millones son aportados por la Consellería y los 4,5 restantes por parte del Fondo de Cooperación Local), no se introdujo esta alternativa que pretende liberar a los alcaldes de la responsabilidad de estampar su firma en los apercibimientos, una labor que muchas veces se les atraganta. Bien por la atomización de la propiedad, por el gran número de propietarios de fincas rústicas en Galicia que no se sabe dónde están y por la falta de fondos para disponer de recursos suficientes para realizar esta labor.
Solo el año pasado, según los datos de la Consellería do Medio Rural, se enviaron 175.281 notificaciones apremiando a los propietarios a cumplir con la obligación de limpiar sus terrenos. Y un total de 76.974 referencias catastrales acabaron publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) al no poder localizar a sus dueños o no haber obtenido respuesta a la notificación.
Pendientes de convocatoria
Aunque desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) aseguraban este viernes que todavía no habían recibido ninguna convocatoria ni comunicación de la Xunta para una reunión en la que tratar la propuesta anunciada por Alfonso Rueda en el Parlamento, su presidente y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, declaró esta semana que desde la Fegamp están dispuestos a colaborar, aunque no entienden la razón de limitar la medida a los concellos de menos de 10.000 vecinos porque, como dijo, «hai concellos de entre 10.000 e 50.000 que non teñen a capacidade para facelo».
De llegar a modificarse el convenio, la Xunta asumiría entonces la labor de rubricar las notificaciones y hacer cumplir la norma en las parroquias priorizadas —la relación varía en función de la incidencia de incendios en la zona en los años anteriores—, pero la superficie que ocupan las redes secundarias de fajas de gestión de biomasa es mucho mayor debido a la gran cantidad de núcleos que hay en la comunidad.
De hecho, en base a distintas estimaciones realizadas en su día por la Consellería do Medio Rural, son unas 130.000 hectáreas de terreno que tendrían que mantener limpias de maleza los 1,1 millones de gallegos que son propietarios de parcelas ubicadas en las franjas de protección de las aldeas. Y han de hacerlo antes del 31 de mayo de cada ejercicio. Aunque este año las lluvias de primavera, unido al calor de junio que vino después, hicieron que parcelas que habían desbrozado en primavera volvieran a estar cubiertas de maleza en poco tiempo. Algo parecido ocurrió en las cunetas.
La última modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que entró en vigor el 1 de enero del 2024, establece que es obligatorio gestionar la biomasa en una franja de 50 metros en torno al perímetro de suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable; alrededor de edificaciones habitables, viviendas aisladas, urbanizaciones, basureros, cámpings, gasolineras y parques e instalaciones industriales ubicados a menos de 400 metros del monte; o en torno a viviendas levantadas en suelo rústico aunque estén a más de 400 metros de distancia del monte.
Propietarios desconocidos
El problema, más allá de que se cumpla o no la norma, es que muchas de las parcelas que están en esas franjas son de propietarios desconocidos. De hecho, la puesta en marcha de un plan de identificación de fincas rurales era una de las propuestas de las que se hablaron en el Parlamento gallego hace siete años cuando se estudió la ola de incendios de entonces.
Los expertos que habían pasado entonces por la Cámara durante la comisión de estudio de los fuegos estimaban que, de las 11 millones de parcelas rústicas que hay en Galicia, en torno al 25 % son de un dueño ilocalizable. Eso supone alrededor de 2,7 millones de fincas.
Más allá de eso, otro de los cambios anunciados por Alfonso Rueda y que están estudiando cómo llevar a la práctica los servicios jurídicos de la Xunta es poder entrar a limpiar fincas con riesgo sin que antes haya que mandar la notificación. Ahora podría hacerlo, pero solo «cando se declare un incendio forestal que supoña un risco inminente para as persoas ou bens».