La futura Lei de Montes Veciñais abre la puerta a reformar la figura del comunero
FORESTAL
La despoblación rural reduce el número de personas con derechos en el monte
09 may 2022 . Actualizado a las 08:38 h.El pasado 7 de abril la Consellería de Medio Rural abrió un período de consulta pública para poder presentar sugerencias a la futura Lei de Montes Veciñais en Man Común, un documento del que aún no consta borrador, que actualizará la norma vigente en la actualidad y que data de 1989. El plazo está abierto hasta mañana, 9 de mayo, y ya hay colectivos como la Asociación Sectorial Forestal de Galicia (Asefoga) que tienen claras qué sugerencias aportar. Una de las cuestiones que creen que sería necesario revisar, como explica su secretario xeral, Jacobo Feijoo, es la condición de comunero, algo que urge en un contexto en el que la despoblación del rural es cada vez más acusada. Y todo el que abandona la aldea o parroquia a la que pertenece un monte pierde derechos de comunero sobre él, lo que reduce notablemente su número.
Según los datos que recoge el Anuario de Estadística Forestal del 2019, en Galicia un total de 3.326 montes estaban calificados como monte veciñal en man común, con una superficie total de 663.488,96 hectáreas, de las que un 41,81 % estaban en la provincia de Ourense, la más despoblada de Galicia.
La condición de comunero es por tanto, uno de los asuntos que probablemente se discutan a la hora de elaborar el texto definitivo de una norma que, como dicen desde Medio Rural, está ahora abierta «para que todos os interesados poidan emitir as opinións, valoracións ou achegas que consideren oportunas, con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei».
Los montes vecinales en man común tienen un origen germánico. Son propiedad de la parroquia o del lugar en el que están ubicados. De ahí que los beneficios generados por su aprovechamiento han de repartirse de forma equilibrada entre los vecinos. Pero estos han de vivir en el lugar porque el comunero, según la norma actual —que no es muy precisa—, ha de tener «unha casa con fume» en la parroquia a la que pertenecen los montes que son «indivisibles, inalienables, inembargables e imprescriptibles».
Es decir, el terreno no se puede comprar ni vender, ni en su caso embargar. De esto modo, igual que el heredero de una personas que haya vivido en una aldea toda la vida pierde el derecho a esos beneficios cuando abandona el pueblo, alguien que llega y se instala para vivir puede adquirir el derecho de ser miembro comunero. Pero ha de tener en cuenta que la comunidad tiene la obligación de reinvertir al menos un 40 % del beneficio reportado en el monte.
Infrautilización de los montes
Desde Asefoga también plantearán que la Administración analice por qué los montes vecinales que ahora están en gestión pública están infrautilizados. De las cerca de 664.000 hectáreas de que disponen los montes vecinales en man común, en torno a unas 350.000, según el secretario xeral de Asefoga, están en gestión pública. «Nesas hectáreas prodúcense unhas 300.000 toneladas de madeira ao ano, é dicir, en torno a unha tonelada por hectárea, cando deberían de estar producindo sobre unhas dez toneladas por cada hectárea cada ano. Habería que facer un estudio de por qué teñen unha produción tan pequena», indica.
Otra de las cuestiones que plantean desde este colectivo de propietarios es que la administración revise el aprovechamiento forestal de estas superficies para «que poida ser compatible cun aproveitamento gandeiro para que as explotacións poidan ampliar a súa base territorial e extensificarse como lles esixe a UE. Habería que revisar novos aproveitamentos, como a produción de enerxía renovable, e ver qué tipo de encaixe legal podería facerse para ser compatible coa figura xurídica das comunidades de montes».
Estas son algunas de las cuestiones que están ahora abiertas al debate porque las sugerencias a la norma está abierta a consulta en el Portal de Transparencia de la Xunta. Pero esto, como indican desde Medio Rural, «non supón que exista xa un texto ou un borrador de anteproxecto. O que se fai é, precisamente, animar os interesados a facer propostas sobre cuestións que se deban abordar na futura normativa. Ademais, despois deste trámite haberá un libro branco previo ao anteproxecto, polo que está claro que non pode haber un proceso que sexa máis participativo que é este».