La aplicación de una tasa por tonelada sacada crea malestar en municipios de Lugo
14 ene 2021 . Actualizado a las 12:41 h.Compaginar la actividad forestal con el cuidado de las vías por las que pasan los camiones con madera produce a veces polémicas y fricciones entre las empresas y los concellos. A veces los desencuentros acaban por motivar la redacción de una ordenanza; en otras ocasiones, la existencia de una ordenanza genera críticas por su posible incumplimiento,
La aprobación de una ordenanza reguladora de la saca de madera en montes en municipios de la comarca de Meira y alrededores (Pol, Ribeira de Piquín, A Pontenova, Riotorto y A Pastoriza además del meirego) ha levantado críticas en asociaciones variadas. Algunas han presentado alegaciones.
Así lo han hecho, por ejemplo la sociedad forestal Monte de Candedo -que agrupa a más de cien propietarios, dueños de unas 260 hectáreas de terreno forestal en Meira- y la asociación vecinal de A Órrea (Riotorto), que no es dueña de monte pero que ha decidido actuar por entender que la medida es un perjuicio para la población de la zona rural.
Como se recoge en la norma, cuyo estado de tramitación varía actualmente de unos concellos a otros, se prevé que las empresas paguen una tasa de 0,60 euros por tonelada de madera sacada del monte. Las asociaciones que han mostrado su malestar consideran que el sistema correcto debería ser el establecimiento de una fianza a las empresas en el momento de presentar la solicitud, además de una inspección de las pistas por las que se sacará la madera; si al final de los trabajos se observasen desperfectos, la empresa los pagaría y, según los casos, se le devolvería o no la fianza depositada.
Una de las cuestiones que motiva críticas de las asociaciones es saber cómo se calculará la madera que se va a extraer. La falta de medios de los ayuntamientos, en su opinión, se notará a la hora de establecer el control sobre la actividad en el monte. Pero también se teme que la tasa acabe repercutiendo sobre los dueños de las fincas: por ejemplo, la asociación vecinal de Á Órrea cree que las empresas forestales harán ofertas más bajas por la corta de madera.
En el fondo, agrega ese colectivo, es una medida que puede acabar perjudicando a quienes viven en zonas rurales.