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El Parlamento aprueba la Lei de Recuperación da Terra con el único voto en contra del BNG

AGRICULTURA

Panel con la votación de la ley agraria, con el voto en contra el BNG, la abstención del PSdeG, y el apoyo del PP
Panel con la votación de la ley agraria, con el voto en contra el BNG, la abstención del PSdeG, y el apoyo del PP Xoán A. Soler

El texto incluye la moratoria para las nuevas plantaciones de eucalipto hasta el año 2025, e incorpora la posibilidad de que la Xunta se haga con la titularidad de parte de las 320.000 parcelas sin dueños conocidos tras un período de 10 años

11 may 2021 . Actualizado a las 16:13 h.

El Parlamento gallego aprobó este martes la Lei de Recuperación da Terra Agraria, un texto que tiene por finalidad -así lo declara en su exposición de motivos- la «recuperación das terras agrarias de Galicia para uso agrícola, gandeiro e forestal», pero sin que esto se limite a un enunciado genérico, sino que se introducen en el articulado medios e instrumentos precisos para lograrlo. La nueva norma ve la luz con el respaldo de los votos del PP y el único rechazo del BNG, pues la oposición socialista se inclinó por la abstención tras comprobar que el documento final incluyó hasta 117 de las enmiendas que promovieron.

La nueva norma, que entrará en vigor mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se estructura en 149 artículos y varias disposiciones con los que se pretende «poñer a producir as terras abandonadas ou infrautilizadas», señaló la diputada popular Elena Candia. No hay que perder de vista que Galicia registra uno de los porcentajes más bajos de tierras en producción de todo el Estado. Así, mientras que en España se considera superficie agraria útil, ya sea secano o regadío, hasta 23 de los 50 millones de hectáreas del territorio nacional, el 46 % del total, el umbral en Galicia se sitúa en torno al 23 %.

La nueva ley consagra las deducciones tributarias del 100 % en impuestos como el de transmisiones patrimonio y actos jurídicos y documentos para las transmisiones en propiedad, arrendamiento o cesión temporal de fincas en las que intervenga como garante el Banco de Terras de Galicia.

De igual modo, se mantiene la opción que tiene la Xunta, a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) de hacerse con la titularidad de las propiedades de suelo rústico o de núcleo rural que carezcan de dueño conocido, después de un plazo que, a petición del PSdeG, se incrementó de los cinco a los diez años. Este precepto tiene una especial trascendencia para combatir el abandono, pues en Galicia hay 320.000 parcelas cuya propiedad no ha sido asumida por nadie, que representan unas 5.600 hectáreas.

 En virtud de esta norma se crearán, también a iniciativa del PSOE, los espacios agrarias de experimentación, para testar nuevos modelos de gestión y de negocio que favorezcan la innovación, y en una de sus disposiciones transitorias se concede una moratoria para las nuevas plantaciones de eucalipto hasta el año 2025, siempre que se limiten a repoblaciones de terreno donde esta especie ya está presente.

El BNG se quedó solo con su oposición total al texto que, en opinión del diputado Xosé Luís Rivas, Mini, favorecer la «reforestación masiva» de tierras agrarias, pues suprime «apartados que son garantes do uso agropecuario da terra». El socialista Martín Seco considera la ley era necesario, aunque entiende que llega muy tarde, y aunque agradeció el esfuerzo de diálogo y consenso con su grupo, criticó la falta de memoria económica. «Botamos en falta que non fose un proxecto de lei con acompañamento presupostario», señaló. Desde el PP, Candia acusó al BNG de estar instalado «na Galicia de Castelao», la de las caricaturas de señores y los labriegos, e insistió en que se trata de una ley «valente» para combatir el abandono, fijar población en el rural y prevenir los incendios forestales.

Tras la votación final, tomó la palabra el conselleiro de Medio Rural, José González, para poner de relieve que el trabajo para la elaboración de esta norma nació con la comisión de estudio sobre los fuegos forestales creada en el Parlamento tras a ola incendiaria del 2017 y sus 123 recomendaciones. «Ese foi o punto de partida», señaló, y a partir de ahí se intentó impulsar un proyecto muy trabajado con todos los sectores implicados.