Galicia prepara una ley para reforzar el control de certificadoras privadas de productos agroalimentarios para evitar fraudes

Medio Rural dibuja los mimbres de una Lei de Calidade Alimentaria que reforzará el papel de los consellos reguladores dejando el control de los que no pueden autofinanciarse en manos de Agacal. la norma saldrá en breve a consulta pública


redacción

Extremar los controles sobre las entidades privadas de certificación alimentaria para evitar el fraude a la hora de avalar la calidad de los productos agroalimentarios producidos y comercializados en Galicia. Ese es uno de los mimbres sobre los que la Xunta pretende construir la futura Lei de Calidade Alimentaria de Galicia, una norma que el Gobierno gallego pretende aprobar el año que viene. De momento, el último Consello de la Xunta dio luz verde a un informe de la Consellería de Medio Rural sobre el sometimiento a consulta pública del texto previo a la elaboración del anteproyecto de ley. Fue en esa reunión del Ejecutivo autonómico donde quedó clara la necesidad de actualizar la Lei 2/2005 de Promoción e Defensa de la Calidad Alimentaria para dar una respuesta a los cambios que han experimentado los sectores productores y de comercialización, además de adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores.

Por esa razón, en la Xunta creen que es preciso avanzar hacia el mayor control de esas entidades de certificación privadas, «que están supoñendo confiar a garantía de que os productos cumpren os baremos establecidos a unha terceira parte independente tanto dos intereses dos operadores do mercado como dos consumidores».

En base a que esas certificaciones son obligatorias para poder operar en determinados mercados, la Xunta cree que las empresas privadas que desarrollen labores de verificación del cumplimiento de esquemas de certificación públicos —producción integrada, el etiquetado facultativo de carne de aves o las especialidades tradicionales garantizadas, por ejemplo— han de realizar una declaración responsable para formar parte de un registro de entidades de certificación. Más allá de eso, la ley pretende reforzar también el papel de los consellos reguladores de las denominaciones de origen, e indicaciones geográficas protegidas o el sello de artesanía alimentaria, animando a los productores a ampararse en ellas para ser más competitivos en el mercado. En este sentido, la Xunta quiere también mejorar la gestión de los consellos reguladores en labores de control y certificación. De hecho, en el caso de los productos agrarios Agacal asumiría ese papel en aquellos consellos que no tienen fondos suficientes para autofinanciarse. La Consellería do Mar haría lo propio en el caso de alimentos del océano.

Aunque la ley marca unos objetivos claros que van desde mantener un elevado nivel de calidad de los productos hasta reforzar los controles frente a la competencia desleal o revisar el catálogo de infracciones y del procedimiento sancionados para adecuarlo a un escenario en el que el comercio electrónico abarca cada vez más cuota de mercado, la idea es que durante el período de consulta pública puedan recibirse el mayor número de aportaciones. 

Mientras el Congreso debate todavía la adaptación de la directiva europea directiva europea sobre prácticas comerciales desleales que tenía que haberse adaptado el pasado 1 de mayo, la norma que prepara la Xunta pretende poner freno a las prácticas desleales tanto en la producción como en la comercialización de los productos agroalimentarios.

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