La Lei de Recuperación da Terra dará ahora 10 años para reclamar fincas sin dueño conocido

Es una de las enmiendas del PSdeG incorporadas al texto, cuyo dictamen fue aprobado ayer por la Comisión de Agricultura


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Fue una carrera de fondo por la complejidad jurídica que encierra cada instrumento que articula la norma, pero ayer la tramitación de la Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia entró en su recta final tras ser aprobado su dictamen —con la abstención del BNG y del PSdeG— en la comisión de Agricultura del Parlamento. La idea ahora es debatir la norma en el pleno de la semana que viene para su aprobación definitiva. Una vez que obtenga la luz verde, entraría en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El documento que llegará el martes a la Cámara incorpora una serie de enmiendas de PSdeG y BNG, entre las que está la propuesta por los socialistas de ampliar de cinco a diez años el plazo para que los dueños de tierras que figuran en el catastro como de propietario desconocido puedan reclamarlas. Pasado ese período, aunque pasen a manos de la Administración, estas no podrán dejar de estar bajo el paraguas de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) que, en último caso, únicamente podría cederlas al ayuntamiento en el que se ubican esas fincas.

Estos plazos responden a la potestad que la nueva ley dará al Gobierno gallego para investigar quienes son los propietarios de la tierra que permanece abandonada en la comunidad, un poder que hasta ahora estaba en manos del Ejecutivo central. Porque uno de los grandes obstáculos para poder poner a producir las fincas susceptibles de albergar algún tipo de actividad agrícola, ganadera o forestal es que en torno a un 8 % de los once millones de parcelas rústicas, repartidas entre 1,6 millones de titulares, que hay por toda la comunidad no se sabe quienes son.

Comisión de evaluación

Otro de los cambios que se han introducido en el texto registrado en sede parlamentaria el pasado enero por el grupo del PP es el que se corresponde con otra propuesta presentada por el PSdeG que implica la puesta en marcha de una Comisión de Avaliación e Seguemento que, como apuntó el diputado socialista Martín Seco en un comunicado remitido tras la aprobación del dictamen, insta al Gobierno gallego a «demostrar se a Lei é un documento útil ou queda en papel mollado».

El dictamen fue aprobado con la abstención de los grupos de la oposición, pero para la la diputada y viceportavoz popular Elena Candia la incorporación de propuestas como estas muestra la voluntad de buscar un consenso en la aprobación de una norma que todos los grupos entienden como «necesaria» para Galicia. Y aunque tanto el PSdeG como el BNG creen que llega con retraso, el debate de ayer por la mañana en la comisión discurrió con cordialidad, como confirma no solo Elena Candia, también el portavoz nacionalista, Xosé Luis Rivas, Mini. En este sentido, la viceportavoz popular agradeció «a colaboración amosada por tódolos membros da ponencia» y avanzó que «seguiremos coa man tendida para incorporar todo aquilo que sexa positivo para o desenvolvemento do rural e a mellora da vida das súas xentes».

Moratoria al eucalipto

La aprobación de esta Lei trae de la mano la aprobación de la prohibición de nuevas plantaciones de eucalipto. Este es uno de los asuntos más discutidos por el BNG, principal grupo de la oposición, al entender que lo que ha hecho el anuncio es multiplicar las cortas de pino para plantar esa especie. El diputado Xosé Luis Rivas dijo «desconfiar da modificación da Lei de Montes», además de apuntar que para su grupo es prioritaria la recuperación de tierra agropecuaria.

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