Los 131 proyectos de parques eólicos solicitados en Galicia siembran inquietud en el campo

Unións Agrarias insta a realizar un despliegue ordenado que excluya las zonas agrarias y mejore las rentas rurales


redacción / la voz

El tiempo avanza en una carrera contrarreloj para algunos ganaderos afectados por uno de los 131 parques eólicos que, en base a los datos recopilados por la asociación Ventonoso y Unións Agrarias de las webs del Ministerio de Transición Ecológica, de la vicepresidencia segunda de la Xunta y de la Consellería de Medio Ambiente, están en tramitación en la comunidad. De ellos, dice el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, entre el año pasado y lo que va de este hay solicitados por vía estatal 37 proyectos que están en tramitación ambiental, con un total de 2.978,885 megavatios. A ellos habría que sumar, también por vía estatal otros tres parques (uno toca parte de León)que han pedioeo directamente la tramitación pública y que suman 256 megavatios. Además, por vía autonómica hay sometidos a información pública otros 27 proyectos por un total de 801,785 kilovatios que se unen, según Unións Agrarias, a 64 que la Consellería de Medio Ambiente ha ido sometiendo a evaluación de impacto ambiental. 

Proceso de descarbonización

La alarma social generada en el campo por ese aluvión de molinos ha llevado a Unións Agrarias a emprender una campaña para pedir a la Administración que realice una apuesta eólica ordenada con el objetivo de que «os novos parques respecten o uso agrario e mellorar as rendas rurais». Porque, como explica el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, «é inevitable o desenvolvemento das enerxías renovables, toda vez que é unha aposta da UE, que pretende uns obxectivos de descarbonización da xeración do 30 % para o ano 2030, e do 100 % no ano 2050». La organización agraria no se opone a los parques, pero advierte de que resulta importante «centrarse en que non se ubiquen nas zonas agrarias, e eliminar impactos críticos en todos os que finalmente se aproben, especialmente nas zonas agroganadeiras e habitadas». Pese a que es probable que, como avanzó José Antonio Diéguez, muchos de las instalaciones solicitadas acaben como un dibujo sobre el papel, desde la organización agraria urgen a que, en aquellos proyectos que terminen realizándose, no solo se compense a los propietarios de la tierra sobre la que se levantarán los molinos, sino también a los afectados por el perímetro que los rodea porque también sufren las consecuencias de la recalificación de sus terrenos: «Onde hai granxas en activo, estas poden verse seriamente afectadas por esas recalificacións porque a norma actual as deixa desprotexidas nos seus dereitos». De ahí que lo que pretende Unións Agrarias es que los parques queden excluídos de las zonas agrarias. O que las empresas presenten el número suficiente de respaldos de los propietarios mediante acuerdos en los que se hayan negociado las condiciones.

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