Las sentencias que les obligan a indemnizar a ganaderos por los daños que causa el jabalí pone a algunos, como al de Xermade, al borde de la disolución. El debate sobre la reforma de la Lei de Caza vuelve a estar de actualidad.
29 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Las sociedades de caza encargadas de la gestión de los tecores (terrenos cinegéticamente ordenados) dicen estar con el agua al cuello, pendientes de que sus convecinos entiendan que estas agrupaciones sin ánimo de lucro no pueden asumir los costes de los daños que están provocando especies como el jabalí en los pastos o campos sembrados de maíz. Asumir esos costes pone a algunos, como el de Xermade, al borde la disolución.
La semana pasada, por ejemplo, un juzgado de Lalín dictó una sentencia en la que obliga al Club Deportivo Sociedad de Caza y Pesca Dozón, encargado de la gestión del tecor de ese concello, a indemnizar a una sociedad agraria de transformación (SAT), representada por los servicios jurídicos de Unións Agrarias, con 6.145 euros más el interés y las costas por el daño provocados por el jabalí en unas fincas donde tenía plantado forraje para el ganado.
Unos días antes, el juzgado de primera instancia instrucción número 1 de Vilalba tomó una decisión semejante al instar a la Sociedad de Cazadores de Xermade a abonar 10.171,05 euros, además de intereses moratorios devengados desde el 26 de septiembre del 2019, a un ganadero por los destrozos que el animal provocó en unos pastizales que están en el lugar de A Touza, Cabreiros, en el concello de Xermade, un espacio que está en terrenos del tecor que gestiona esa sociedad. Y la lluvia de casos no se queda ahí. «No es el nuestro el único caso de tecores obligados a pagar —explica José Luis Vilasuso, presidente de la Sociedad de Caza de Xermade—. El de Muras, colindante con el nuestro, también ha tenido que asumir una sentencia de unos 3.000 euros. En general, en toda Galicia están saliendo sentencias culpando a nuestras sociedades, lo que nos hace pensar que hay un interés en que desaparezcan los tecores para poder reclamar los daños directamente a la Xunta, que hasta la fecha no ha podido usar como escudo».
Es por esto que el asunto preocupa, y mucho, a estas sociedades, obligadas por la Lei de Caza a responsabilizarse de los daños que cause la fauna salvaje que puebla los tecores de su gestión. El problema, dice el responsable de la Sociedad de Xermade, es que la población de jabalíes está tan desbocada que no podrían asumir «los daños que provoca la fauna cinegética en un concello con alta vocación agrícola y ganadera como el suyo».
Además avanza que desde su colectivo van a recurrir la sentencia, aunque el problema «no es reducir el importe en ese caso concreto, es que se entienda que colaboraremos como herramienta de gestión de poblaciones, pero no nos pueden exigir responsabilidades económicas pues no tenemos capacidad para ello, ni de lejos». De hecho, el presupuesto anual de esta sociedad ronda los 9.000 euros, de los que entre 3.000 y 4.000 ya se van en pagar pólizas.
La cuestión que se vuelve a plantear ahora es ¿hay que reformar la Ley de Caza para que sea la Xunta la que asuma la gestión de los tecores con la consecuente responsabilidad de los daños de la fauna salvaje?. Unións Agrarias lo pidió en su día en una proposición no de Ley donde reclamaba la modificación de esa norma. Ayer Asociación Agraria de Galicia (AGA) también recordó la urgencia de modificar la Lei de Caza para que no se extingan estas sociedades.
Pero al menos la de Xermade no cree que haya que cambiarla para dejar la gestión de los cotos en manos de la Administración: «No creo en eso, entiendo que la gestión de la caza en Galicia debe seguir en manos de las sociedades de caza como se lleva haciendo desde hace más de 50 años. La función de la Administración debe ser la de asegurar el cumplimiento de los planes de caza aprobados, sancionando a aquellas sociedades que los incumplan o que no hagan todo lo posible para ello, también a de apoyar al sector agrícola y ganadero para que puedan minimizar los costes de estos daños en la medida de lo posible. De nada vale decir que la responsabilidad de los daños recaiga en la Administración si esta no consigue que tengamos un sector agrícola y ganadero rentable, no podemos basar nuestro futuro en indemnizaciones o subvenciones».