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Estas son las demandas de las organizaciones agrarias a Planas

Somos Agro REDACCIÓN

AGRICULTURA

Santi M. Amil

De una PAC que favorezca a las pequeñas granjas a una Ley de la Cadena con herramientas hacerse cumplir

14 ene 2021 . Actualizado a las 13:44 h.

Fueron dos días muy ajetreados los que pasó el ministro de Agricultura, Luis Planas, en Galicia. ESte viernes, tras reunirse con Alberto Núñez Feijoo, también estuvo con los representantes de las principales organizaciones agrarias de Galicia.

Roberto Garcia, de Unións Agrarias, planteó una amplia batería de demandas que, a su juicio, son fundamentales para el campo gallego. Tras el encuentro avanzó que resulta importante que se tengan en cuenta las pequeñas explotaciones familiares en el Plan Estratégico para la nueva PAC porque al desaparecer los derechos históricos, estas van a salir perjudicadas. En este sentido, demandó que en las ayudas complementarias se prioricen las primeras 30 hectáreas en toda España. Al mismo tiempo pidió que se haga un esfuerzo para modificar la ley de gestión de residuos que también perjudicaría a las granjas de montaña y, sobre la Ley de la Cadena, recordó la urgencia de articular medidas que permitan que esta realmente se lleve a cabo: «Hai que ter un referente de custes de producción públicos, a figura do mediador e sancións para aquela industria que non cumpre». 

Esas fueron a grandes rasgos las demandas que también planteó en la reunión la responsable del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, que explicó que el reparto actual, en base al número de hectáreas gestionadas por los perceptores, «fan de Galicia a gran damnificada no reparto de fondos de Europa». Y añadió: «Tamén son os labregos e as labregas da Galiza dos que menos axudas da PAC cobran, sendo a media galega de 2.590 € fronte aos case 4.000 € da media estatal». De ahí que pidiera un cambio en los criterios de reparto. 

Sobre la Ley de la Cadena dijo que el hecho de que un «labrego ou labrega teña que que recurrir á Xustiza crea desamparo xa que a demora do proceso, a posibilidade de represalias e a inseguridade do resultado final fan que as persoas afectadas non denuncien». Y mostró su preocupación por el desembolso al que obligará el decreto de purines.