Conflictos de intereses, un hándicap para el reparto justo de fondos de la PAC

El Parlamento europeo aprueba una resolución en la que urge normas para un mayor control del destino de las ayudas. Además, lamenta que el primer ministro checo participe en el presupuesto de la UE, cuando supuestamente controla Agrofert, uno de los que más subvenciones recibe de Bruselas en su país

La investigación de Babi por parte de la UE comenzó en enero del 2019
La investigación de Babi por parte de la UE comenzó en enero del 2019 CTK dpa

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No puede haber manga ancha en Bruselas, ni que los fondos acaben en manos de grandes oligarcas. El Parlamento europeo ha instado al Ejecutivo comunitario a aumentar los controles en este sentido y ser mucho más estricto para que no haya ninguna vía de agua por la que pueda escapar un dinero fundamental para el campo. Lo ha hecho tras el golpe en la mesa que dio este viernes al aprobar una resolución en la que pide al Ejecutivo comunitario que articule mecanismos para evitar conflictos de intereses en el reparto de fondos. Demanda que redacten una norma que, entre otras cosas, establezca la obligación de publicar los beneficiarios finales de las subvenciones de la UE y los límites máximos de pago directo por persona física. Actualmente no hay ninguna norma de la UE que obligue dar a conocer los nombres de los beneficiarios últimos a los estados miembros. 

Todo esto viene en parte por la investigación abierta, primero en enero del 2019 tras una denuncia de la OLAF (organismo de control de fraudes de la UE) y luego reabierta por el fiscal general checo en diciembre de ese mismo año, contra el primer ministro checo, Andrej Babis. De hecho, en la resolución aprobada el viernes lamentan que este continúe activamente involucrado en la implementación del presupuesto de la UE, mientras que supuestamente controla Agrofert, una de las entidades que más ayudas europeas recibe en ese país del Este. 

Aunque la investigación sobre su presunto conflicto de intereses continúa abierta, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, apuntó que «de confirmarse el conflicto de intereses del primer ministro checo, tiene que eliminar sus intereses comerciales, ceder el control sobre cualquier empresa que reciba subsidios de la UE, abstenerse de participar en las decisiones que afectan los subsidios recibidos por cualquier compañía donde él es el beneficiario final, o en última instancia, renunciar como primer ministro».

También avanzó que desde la citada comisión ruega a la UE y a los estados miembros que «hagan más para proteger el dinero de los contribuyentes de la UE de las manipulaciones oligárquicas. Los mecanismos existentes son aparentemente insuficientes». 

En su resolución el Parlamento condena también el uso del «lenguaje difamatorio y el discurso de odio» utilizado por el primer ministro Babi contra los eurodiputados que formaron parte de la misión de investigación en Chequia en febrero del 2020 para dar seguimiento a las irregularidades en la gestión de los fondos de la UE.

Según los eurodiputados el grupo Agrofert, un conglomerado de 230 empresas con 34.000 trabajadores, habría recibido unos 36,5 millones de euros de ayudas agrícolas solo en el 2018. A ellos habría que sumar otros 16 millones procedentes de los fondos de cohesión durante el periodo 2014/2020. 

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