Patrocinado porPatrocinado por

La PAC regó el campo gallego con 392 millones el año pasado, 42 más que en el 2018

X.R. alvite REDACCIÓN

AGRICULTURA

No disponible

Aunque los fondos son superiores, el número de receptores se redujo en 2.386, según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega)

30 may 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia recibió el año pasado 391.673.735 euros procedentes de la Política Agraria Común (PAC), 41,7 millones más que el ejercicio precedente. Un importante montante económico que se repartieron un total de 29.142 beneficiarios _2.386 menos que en 2018_, entre agricultores, ganaderos y entidades públicas o privadas vinculadas al mundo rural.

Este dinero proviene de dos fondos específicos creados por la Unión Europea para gestionar la política agraria. El primero de ellos, el Fondo Europeo Agrario de Garantía (Feaga), repartió en la comunidad cerca de178 millones de euros que se dirigieron, principalmente, a compensar la pérdida de ingresos de los profesionales del campo provocada por los bajos precios de sus productos. En este sentido, aunque las subvenciones se vinculan a la superficie de cultivo de cada granja, las partidas más importantes son las que reciben los ganaderos por cada una de las vacas que mantienen en sus granjas y que pueden alcanzar los 90 euros en el caso de reses de aptitud cárnica y los 128 euros para las lecheras.

El otro fondo que distribuye el dinero procedente de la PAC es el Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y se destinó a subvencionar la puesta en marcha de iniciativas que fomenten el desarrollo rural sostenible, aumenten la competitividad del sector agrario y agroindustrial y, de modo general, mejoren la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. Entre las iniciativas que durante el año pasado financió el Feader se encuentran las presentadas por empresas y entidades vinculadas directamente con el sector agroganadero. Ejemplos de ello son Lasurgal, que recibió 1,8 millones para la mejora de sus instalaciones en Melide; Inleit,  que percibió 881.000 euros para hacer lo propio en Curtis, o Prolactea, del grupo Entrepinares, que cobró 864.000 euros para la modernización de su planta quesera de Vilalba.

En la relación de beneficiarios que ayer publicó el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), también aparecen firmas que, a priori no guardan relación directa con el medio rural, pero que pudieron acceder a esta partida económica debido al carácter local de los proyectos que pusieron en marcha. Es el caso de la tecnológica R, que recibió 1,3 millones para la extensión de su red, o Pontevicus, SLU, ubicada en Betanzos, que recibió 185.000 euros dentro del programa de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas.

Incluso los centros de enseñanza, las asociaciones de vecinos, las comunidades de montes o las diferentes administraciones _la Xunta recibió 38,5 millones el año pasado_ se beneficiaron de los fondos comunitarios destinados al desarrollo rural durante el pasado año.

Más de 1.100 millones en el último lustro

Durante los últimos cinco años la PAC ha inyectado en las granjas gallegas más de 1.115 millones de euros, un dinero que ha servido para paliar en cierta medida las bajas cotizaciones en origen de productos como la leche o la carne. La importancia de estos fondos para el sector queda de manifiesto en el hecho de que tres de cada diez granjas gallegas tienen en el dinero de la PAC el único beneficio neto anual. Varios estudios de costes recogen incluso que las subvenciones procedentes de Bruselas por este concepto suponen para una granja láctea entre 3 y 5 céntimos por cada litro de leche que producen o, lo que viene siendo lo mismo, la diferencia entre la rentabilidad y la pérdida de dinero.

En este sentido, el anuncio de un posible recorte de alrededor de un 9,7 % en las ayudas directas para el periodo 2021-2027 ha caído como un jarro de agua fría entre los agricultores y ganaderos gallegos. Entienden que llega en un momento de especial debilidad del sector productor al que cada vez se le exige mayores grados de cumplimiento en materias como el bienestar animal, el cuidado ambiental o la lucha contra el cambio climático.