La distribución deberá asumir el coste de las ofertas de productos del campo

El decreto aprobado por el Gobierno no calma las protestas de los agricultores


redacción / la voz

Un litro de leche a 0,59 céntimos. Esa oferta lanzada por una cadena de distribución la semana pasada en su folleto promocional fue la que empujó a varias organizaciones agrarias a denunciar la provocación a la que los estaban sometiendo algunas empresas en plena movilización. Y ayer el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también atizó contra promociones que ofertan por debajo de los sesenta céntimos el litro de leche y contra los saldos de algunos supermercados que entregan un litro de aceite de oliva virgen extra a cambio de comprar dos cajas de detergente: «Esa es una práctica que devalúa el producto y que no puede ser admitida», dijo.

El titular de Agricultura hizo esas reflexiones justo después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto-ley que hace una primera modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para dar más peso al agricultor y ganadero en la formación de precios. Porque ese documento también blinda, en cierto modo, a estos alimentos para que dejen de ser productos reclamo.

¿Cómo? Haciendo que los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor sean asumidos por esas empresas, de modo que no se contabilizarán a la hora de calcular el coste del producto. Esta es, como recoge Efe, una de las dos excepciones a la regla que obliga a incluir en los contratos de los agricultores con la industria y la distribución el coste de producción original, de forma que el precio nunca pueda ser inferior a este. La otra excepción la aplicarán en el caso de los productos perecederos antes de que se estropeen. El objetivo es evitar el desperdicio alimentario.

Con el decreto aprobado ayer, el Ejecutivo trata de dar respuesta a una de las grandes demandas de los agricultores que durante el último mes han puesto el grito en el cielo al reclamar unos precios justos. Pero algunos de ellos no creen que las nuevas medidas sean suficientes. Por eso no dieron ayer tregua a las protestas. Mientras los ministros daban su visto bueno al decreto-ley _también recoge bonificaciones a los empresarios que conviertan en fijos discontinuos a los trabajadores eventuales o permite el pago fraccionado del impuesto por ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria_, los tractores cortaban la carretera en varios puntos de las provincias de Jaén y Sevilla.

Bloqueo de carreteras

Concretamente, unos trescientos olivareros de Jaén bloquearon por la mañana la A-4 a la altura de la localidad de Santa Elena en protesta por los bajos precios del aceite de oliva. En Sevilla, cientos de tractores de agricultores y ganaderos, según los convocantes, también cortaron cuatro de los cinco accesos por carretera a Sevilla: la autovía A-49 a la altura de Benacazón, la A-92 en Aguadulce, la AP-4 entre los kilómetros 53 y 54, y la autovía A-4 en Carmona. Más allá de eso, parece que, de momento, no dejarán de protestar. Hasta en Galicia, donde los tractores no han salido a la calle, el SLG ha convocado hoy una rueda de prensa en la que prevé dar a conocer un calendario de protestas por comarcas.

Multas de hasta un millón de euros por la venta a pérdidas 

La venta de un alimento por debajo de los costes de producción (venta a pérdidas), informa Efe, será sancionada con un máximo de 100.000 euros y un mínimo de 3.001 euros. Las cantidades de las sanciones las dio ayer Luis Planas tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, momento en el que ha detallado que vender a pérdidas se tipifica como infracción grave y, si es una práctica reiterada, «puede pasar a muy grave», es decir, entre 100.001 y un millón de euros. Más allá de las cuantías, el ministro ha puesto el foco en la publicidad de las sanciones graves y muy graves por la afectación a la «reputación» que puede tener para el operador que la incumpla.

El decreto aprobado por el Gobierno no ha caído muy bien entre los miembros de la industria agroalimentaria. La patronal FIAB, como recoge Efe, ha mostrado sus «dudas» sobre la «efectividad» y la compatibilidad con la libre competencia de la obligación de incluir en los contratos alimentarios los costes de producción a lo largo de toda la cadena.

El Gobierno obligará a usar el coste de producción como base para fijar precios

M. Cedrón

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un real decreto para endurecer los controles sobre la venta a pérdidas. También publicará el nombre de las empresas que incumplan la Ley de la Cadena Alimentaria

Hizo falta que un ejército de John Deere, Case, Fendt, Landini y Massey tomaran las carreteras del sur de España para que la voz del campo se escuchara en Moncloa. Y no solo la de los olivareros o la de los productores de huerta de Levante, también la de los ganaderos del noroeste, los gallegos, que llevan años reclamando que los precios de sus productos sean fijados por los que cada día se parten el cobre en las granjas, no por la industria o la distribución. La respuesta del Ejecutivo al clamor del campo, que vive con la incertidumbre de qué ocurrirá con los presupuestos en Bruselas, es la aprobación, prevista para el Consejo de Ministros de este martes, de un real decreto que obligará a que «cada operador de la cadena pague al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción». El documento es la primera modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria 12/2013, que el Ejecutivo prevé «reformar en profundidad» más adelante para trasponer la directiva de la UE 2019/633.

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