COAG advierte que la subida del salario mínimo incrementará más de un 50 % los costes laborales del sector primario

Defensores de un salario digno, dicen que no puede asumirse este incrmento en un contexto en el que las rentas de los agricultores y ganaderos están en retroceso


redacción

Un incremento del 50,4 %. Ese es el porcentaje en el que, según los cálculos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), subirían los costes laborales para los agricultores en el caso de que el salario mínimo interprofesional suba hasta los 1.000 euros. 

Desde el colectivo agrario son partidarios de ofrecer unos «salarios dignos» correspondientes a un empleo de calidad, pero indican que en un contexto de caída de rentas (-8,6 % en el 2019) y de entrada sin control de importaciones que no cumplen con la más mínima cobertura social y laboral de sus trabajadores, la «importante» subida de los costes laborales les expulsaría del mercado.

«Resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones con dos o tres trabajadores fijos. Nuestro coste laboral diario (69 euros), multiplica por 14 el salario de un jornalero en Marruecos (5 euros / día). Estamos a años luz de poder trasladar al precio de nuestros productos el incremento de costes, en un mercado desregulado en el que se impone la 'ley de la selva'. La presión en precios y costes está asfixiando a las explotaciones familiares», explicó el  responsable del área de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López.

López, además, auguró la destrucción de empleo en sectores que demandan mano de obra de forma más intensiva, como puede ser el de frutas y hortalizas. Esa es la razón por la que COAG pedirá al Ministerio de Trabajo participar en la mesa de diálogo social que se abra con los diferentes agentes para abordar la subida del salario mínimo. Además, en un hipotético escenario de nuevas subidas, la organización reclamará medidas compensatorias para los profesionales agrarios, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.

La principal reivindicación de esta organización agraria es que el trabajo de los agricultores y ganaderos sea remunerado de forma justa. Defienden un modelo de defensa del principio de prefenrencia comunitaria y que en las fronteras se pidan las mismas exigencias sanitarias a los productos procedentes de países de fuera de la UE que las que tienen que cumplir los agricultores comunitarios. «Estamos hablando de proteger a un modelo de agricultura con agricultores, verdadero pulmón económico y social de la España vaciada, con una gran potencial para generar empleo de calidad y fijar población en el medio rural», recalcó López.

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