La Voz de Galicia

Los recortes de fondos, la falta de relevo generacional, las bajas rentas y el cambio climático asoman tras el horizonte electoral

cristina porteiro

Hace años que Galicia, el país del millón de vacas, cayó de ese pedestal. El fin de las cuotas lácteas en marzo del 2015 puso punto y final a una década de sangrante y sinuoso desmantelamiento de un sector convertido en seña de identidad de la región. La caída libre de los precios, el aumento de la producción y las pérdidas acumuladas forzaron el cierre anual de centenares de explotaciones. Las supervivientes no llegan hoy a las 7.500. A las puertas de los comicios europeos sobrevuelan muchas dudas: ¿Qué se juega el campo gallego en estas elecciones? ¿Cambiarán el rumbo de la Política Agrícola Común (PAC)? 

Recorte de fondos

Gane quien gane el próximo 26 de mayo, el recorte de fondos está casi asegurado. Las nuevas prioridades políticas de la UE y la eventual salida del Reino Unido obligarán a pasar estrecheces si los países miembro no abren la cartera. Bruselas apuesta por un tajo del 3,5 % a los pagos directos a España y de un 15,3 % en las ayudas al desarrollo rural, el segundo pilar del que se nutre Galicia. Las partidas se verían reducidas a los 33.481 y 7.008 millones de euros respectivamente, con la posibilidad de trasvasar hasta un 15 % de los fondos de un cajón a otro. El campo gallego, que venía recibiendo 190 millones de euros anuales de ayudas de la PAC, podría perder un pellizco de ese sobre. «Todavía es muy prematuro poner cifras», aseguran fuentes comunitarias. Dependerá en buena medida del resultado de las negociaciones de los presupuestos europeos (2021-2027) que arrancarán en el mes de octubre. Por esas fechas también se despejará la incertidumbre en torno al brexit. El divorcio con los británicos podría abrir un agujero anual en las cuentas de la UE de unos 10.000 millones de euros. No habrá que perder de vista la reforma de la PAC, ahora en barbecho. Bruselas ha anticipado que estará orientada a objetivos. Los países que no cumplan con sus planes estratégicos o metas climáticas podrían ver sus fondos congelados. Y aquí viene el gran reto: Conjugar los intereses de regiones tan dispares como Galicia y Andalucía en un mismo plan estratégico nacional. ¿Saldrán perdiendo los gallegos? «Me da en el corazón, es la tarea del ministro, poner de acuerdo a las 17 Comunidades y creo que sí es posible», aseguró esta semana el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas. La reunión definitiva con los líderes regionales tendrá lugar en verano del 2020: «Hay espacio para que todas las comunidades y sectores se vean bien reflejados», sostuvo. Por el momento también se mantendrá el techo impuesto por la Comisión Europea a las ayudas directas de 100.000 euros por explotación. Las restricciones no tendrán gran impacto en Galicia, puesto que los beneficiarios que superan el primer tramo de 60.000 euros apenas llegan al 1%. 

PEPA LOSADA

Envejecimiento rural

El futuro del campo gallego está vinculado irremediablemente a un relevo generacional que no llega. La Comisión quiere que los Estados miembro dediquen al menos un 2 % de los pagos directos al acceso de los jóvenes a la tierra, un porcentaje nimio que habrá que combinar con las ayudas de cohesión (hasta un 5 % de los fondos para fenómenos como la despoblación). Las asociaciones de agricultores creen que es insuficiente si no va acompañado de condiciones más favorables de acceso a tierra y crédito y una renta mínima que haga atractivo al sector. «Son palabras huecas», denuncia Vía Campesina.

 Rentas bajas

Uno de los problemas asociados a la liberalización del sector han sido la caída de la renta agrícola, hoy un 46,5 % más baja en la UE respecto a otros sectores económicos. Los abusos en la cadena de suministro y el cierre de explotaciones son un cóctel explosivo. No parece que las elecciones vayan a cambiar el rumbo emprendido. Bruselas se niega a restaurar medidas de intervención en los mercados, como pide la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). No habrá subida del precio de intervención. «Suena a algo de los 80», reconocen fuentes diplomáticas españolas. Para remediar la situación, la futura Eurocámara insiste en destinar un 60 % de los pagos directos a garantizar ingresos mínimos. 

Concentración de negocio

A pesar de que son las explotaciones y granjas familiares las que se encuentran con el agua al cuello y es la figura del agricultor activo a la que la UE quiere destinar las ayudas, buena parte de los fondos europeos se seguirán concentrando en las grandes cooperativas agroalimentarias gallegas. Incluso en empresas cuyo compromiso con el cuidado medioambiental se ha puesto en cuestión en reiteradas ocasiones. La Eurocámara defenderá en las negociaciones con el Consejo una PAC donde el reparto más justo de fondos se limite al 10 % del total. Las dificultades no acaban ahí. La firma de acuerdos comerciales con terceros países ha abierto las puertas de Galicia a la competencia desleal de multinacionales y empresas foráneas, quienes podrían acabar absorbiendo el mercado autóctono y concentrando el negocio. «Los pequeños productores compiten frente a multinacionales que muchas veces producen en condiciones que no son similares», admite Planas. El marco de reforma de la PAC no resuelve el problema de la concentración de tierras. 

Cambio climático

Al menos el 30 % de los fondos de desarrollo rural de la PAC tendrán que estar orientados a los objetivos climáticos de reducción de emisiones y uso de fertilizantes. Un porcentaje que cae al 20 % para los pagos directos. Habrá bonificaciones para las explotaciones y plantaciones agrícolas más sostenibles.