Redacción

Las cuatro comunidades autónomas de la cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco) defenderán una postura unitaria ante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para que beneficie a las explotaciones familiares de pequeño tamaño propias de su mundo rural. Esta posición común se ha fijado en Oviedo durante una reunión en la que han participado los responsables de Agricultura y Ganadería de los cuatro Gobiernos para defender las peculiaridades de sus territorios, especialmente en lo relacionado con la orientación eminentemente ganadera de su sistema productivo.

Para la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez, las cuatro comunidades que han suscrito el acuerdo conforman «una unidad biogeográfica que comparte clima, orografía y un mismo sistema productivo». La sintonía mostrada por las cuatro comunidades les dará «más fuerza» para defender los intereses de sus ganaderos y agricultores a la hora de afrontar la negociación de la futura PAC con el objetivo de que tenga en cuenta sus especificidades, ha apuntado. Entre ellas figuran, además del pequeño y mediano tamaño de las explotaciones y su orientación ganadera, el hecho de que la mayoría de las unidades productivas estén enclavadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales, «lo que condiciona su productividad y limita su rentabilidad», ha apuntado la consejera asturiana.

Además, las comunidades del Norte de España deben afrontar otros retos comunes como el envejecimiento y la despoblación del medio rural por lo que defienden que la PAC que se aplique a partir de 2020 tenga suficiente presupuesto, sea «más justa y equitativa» y supere los desequilibrios entre territorios. Para las autonomías cantábricas, las ayudas deben orientarse a la producción de alimentos, a los profesionales del campo y a la generación de empleo y actividad y plantean que se fije un tope máximo de ayuda por explotación de 60.000 euros para beneficiar a las de menor tamaño, informa EFE.

Asimismo, reclaman que las ayudas directas se destinen a los agricultores profesionales aunque sin excluir totalmente a aquellos que se dedican a la actividad agraria de forma parcial y que se excluya del sistema a las personas jubiladas. Hasta ahora, ha apuntado la consejera asturiana, el 38 por ciento de los perceptores de ayudas son mayores de 65 años lo que dificulta el relevo generacional y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Para los Gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, se debe aplicar también una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales así como un refuerzo de las políticas orientadas al relevo generacional y a la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural.

El documento suscrito plantea que se mantengan las ayudas asociadas a sectores productivos como la ganadería de leche o carne con el objetivo de que la nueva PAC sea «un instrumento para la transformación del campo en un territorio más vivo, con un proyecto propio, integrado y solidario con todos sus residentes».

Para el consejero cántabro, Jesús Oria, este acuerdo debe tener continuidad en el futuro para que sea «incluso más concreto» y permita a las cuatro comunidades plantear de forma conjunta sus reivindicaciones en la negociación que se abra a nivel nacional, según su homologo gallego, José González. Por su parte, el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del País Vasco, Bittor Oroz, ha agradecido la labor de coordinación realizada por la consejera asturiana que, ha subrayado, convirtió «en un compromiso personal» la necesidad de poner de acuerdo en sus demandas sobre la PAC a las cuatro comunidades.

El Principado asume que no habrá nueva Política Agraria Comunitaria hasta 2023

La Voz

Espera «decisiones adecuadas que aseguren el mantenimiento de las ayudas actuales a partir del año 2020» ante la reunión de este lunes con el Gobierno para abordar la elaboración del Plan Estratégico Nacional

No habrá nueva Política Agrícola Común (PAC) hasta 2023. La convocatoria de Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de este año conllevará su disolución «antes de adoptar un acuerdo político sobre la reforma», y el calendario  «más optimista» podría dilatar hasta otoño de 2019 la negociación acerca del Marco Financiero Plurianual para 2021-2027, que delimita el marco presupuestario y las principales orientaciones para la Política Agrícola Común. Así lo asume el, que considera «más que probable que exista una prórroga del sistema actual hasta el 2021-2022», según declaraciones realizadas a Europa Press. En este contexto, precisado el Ejecutivo, «es importante que se tomen decisiones adecuadas que aseguren el mantenimiento de las ayudas actuales al sector a partir del año 2020 y hasta la entrada en vigor de la nueva PAC».

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Las regiones cantábricas se alían para defender las pequeñas explotaciones en la PAC