Es el eslogan del Grupo 43 del Ejército del Aire (los botijos, en el argot) ahora adscrito a la UME. Pero ese mismo «¡Apaga y vámonos!» parece haber sido también adoptado por los políticos que han regido los destinos de Galicia, sobre todo desde la etapa del exconselleiro Jaime Rey de Roa (en que se fraguaron los traspasos de competencias) hasta hoy al frente de la cartera de Agricultura, Medio Rural o Medio Ambiente. El llamado negocio del fuego (por acción u omisión) parece haber sido la hoja de ruta de parte de los responsables de una inexistente política de prevención, que vuelca todos sus recursos en apagar y que arree el que venga. Lejos quedan los tiempos de Francisco Sineiro como conselleiro de Agricultura y unos presupuestos justitos. O la escasa veintena de millones (al cambio y sumando conceptos) del año noventa con un José Manuel Romay Beccaría que desató la fiebre por la extinción y asentó las bases para un crecimiento continuo de las partidas asignadas a apagar en detrimento de las destinadas a prevenir y preservar. En el 2006 se destinaban 37 millones a prevención y 32 a extinción… ese año resultaron arrasadas 85.000 hectáreas, 323 fuegos solo en el mes de marzo (sí, marzo). Salvo el parón coincidente con la crisis del ladrillo, no han dejado de crecer los presupuestos de los sucesivos departamentos competentes, que rondaban los 100 millones, de los 500 de media total de la Consellería de Medio Rural. En el 2010, 93 millones de un presupuesto total de 525, se destinaban a apagar fuegos. Llega el 2017, ya con presupuestos muy por encina de los 175 millones y 7.000 efectivos (en verano) y tiene que ser octubre el triste protagonista: 50.000 hectáreas, muertes y devastación, pérdida de biodiversidad… como lo vivido en Chandebrito y Camos; en todo el año, 62.000 fueron las hectáreas afectadas. El conselleiro de turno sale al paso de las críticas de ciudadanos y colectivos ambientalistas tirando del argumentario ya patentado hace años por José Manuel Romay Beccaría, a saber: trama organizada, intereses políticos, delincuentes organizados… ¡Pruebas judiciales, más bien ni la primera!
Fueron demasiados años marcados por una mala praxis injustificable: un informe del Consello de Contas desvelaba que el 66,4% de los fondos destinados al Fondo de Desarrollo Forestal eran sistemáticamente desviados a extinción durante el período 2008?2012 (541 millones de los 820 consignados). Así las cosas, el cortoplacismo sale victorioso y la adopción de medidas estructurales preventivas es postergadas cada año: la reducción de masas monoespecíficas y pirófitas, la generación de espacios vegetales diversificados, la puesta en valor de los montes y productos del bosque, la recuperación de actividades agroforestales y de población en entornos rurales, la persecución y sanción de los delitos forestales, la educación y sensibilización, la prohibición de actividades de riesgo en función de las condiciones ambientales, la aprobación de normas de protección del monte quemado ante intereses comerciales, la reasignación de tareas durante todo el año a trabajadores forestales y la estabilidad laboral, formación y cualificación a todos los agentes que intervienen.