Guerra encargó el informe sobre la ley eólica para no generar «más inseguridad jurídica»

Cree necesario consultar «a los máximos expertos» para tener todas las garantías


El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha consultado su modelo eólico «con los mejores técnicos» y ha pedido «muchos informes» para garantizar la seguridad jurídica del proceso. Guerra fue preguntado en Santiago por la decisión de su departamento de externalizar a un bufete de abogados de Madrid la elaboración de un informe que determine si el borrador de la ley eólica que pretende aprobar el PP se ajusta a derecho. «Que preguntemos a los mejores técnicos que nos pueden informar sobre la seguridad jurídica de los planes no creo que deba ser una crítica -respondió-, debe ser algo destacable». «Queremos estar seguros de lo que estamos haciendo -argumentó-. No queremos generar más inseguridad jurídica a este sector».

Guerra se refirió también al dictamen que hoy aprobará el pleno del Consello Económico e Social, para indicar que no quiere «establecer ningún tipo de presión» acerca de la posición que pueda adoptar el órgano consultivo. También defendió el derecho de las empresas a presentar los recursos que consideren oportunos, si creen que sus derechos han sido lesionados.

Repreguntado en A Coruña, insistió en que es «normal consultar a los máximos conocedores de estas materias para estar seguros de tener todas las garantías jurídicas».

Además, negó que su departamento esté paralizando el negocio del viento. «Ha estado parado cuatro años, pero ahora estamos intentando organizarlo de la forma más razonable, y jurídicamente más estable posible», afirmó.

El conselleiro de Industria y el director del Inega, Eliseo Diéguez, presentaron el programa de Aforro e Eficiencia Enerxética 2009. El programa incluye 22 medidas y subvenciones que pueden llegar hasta el 75% de las inversiones. Las ayudas van dirigidas a entidades privadas y públicas, y también a particulares y comunidades de vecinos. El titular de Industria indicó que este programa «supón reducir nunhas 48.000 toneladas las emisións de CO2 á atmósfera». Las ayudas pueden solicitarse hasta finales de noviembre.

Ayudas para la edificación

Para la rehabilitación del aislante térmico se financiará hasta el 22% del coste, con un máximo de 10.000 euros por vivienda y 300.000 euros por edificio de viviendas en bloques y para inmuebles del sector terciario. La mejora de las instalaciones de calefacción, producción de agua caliente y refrigeración de edificios residencial o de servicios tendrán derecho a una ayuda de hasta el 35%. Para mejorar las instalaciones de iluminación, la subvención máxima será del 22%, con un máximo de 10.000 euros por edificio de viviendas y de 50.000 por edificio para otros usos. Los nuevos edificios de alta calificación optarán a una ayuda de entre 15 y 50 euros por metro cuadrado, en función de su uso, siendo la cuantía máxima subvencionada el 75%.

Ayudas para el transporte

Los estudios de movilidad dirigidos al uso de transportes con menor coste energético podrán pedir hasta el 60% del coste, en función de la población de cada concello. Para estudios de viabilidad, la ayuda será de hasta el 60% del coste, con un máximo de 100.000 euros para los estudios y de 200.000 euros para las experiencias piloto.

Ayudas para cogeneración

En el caso de los estudios de viabilidad para plantas de cogeneración, la ayuda puede llegar al 75% del coste, con un máximo de 11.250 euros por estudio.

Ayudas específicas para agricultura y pesca

En cuanto a la pesca, la cuantía máxima de las ayudas será del 20% del coste de las inversiones para implantar medidas que propongan las auditorías energéticas. En el caso de la agricultura, la cuantía máxima será del 75% del coste de la auditoría, con un límite de 8.000 euros por estudio y del 20%, para las inversiones derivadas de la auditoría.

Ayudas para los servicios públicos

La renovación de las instalaciones se subvencionará con un máximo del 70% del coste. Los proyectos de mejora de eficiencia energética de las instalaciones de potabilización, abastecimiento y depuración podrán recibir hasta el 40% del coste. Las auditorías de las instalaciones de iluminación pública optarán hasta un 75% del coste.

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