El Gobierno portugués pagará a cada propietario hasta 365 euros por hectárea para limpiar sus terrenos
SOMOS AGRO
Los temporales e inundaciones de invierno obligan a reforzar su estrategia de prevención de incendios
02 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El fenómeno de los incendios forestales es contraintuitivo, hasta el punto de que Portugal se ha convertido en víctima de su propio éxito: su elevada tasa de extinción —hasta el 92 % de los focos detectados— soluciona el problema a corto plazo, pero lo agrava a largo por la cantidad de combustible que se acumula en los bosques. Este año la situación es aún más delicada tras las devastadoras inundaciones y vendavales del invierno, que segaron alrededor de ocho millones de árboles solo en el municipio de Leiria; es decir, ocho millones de troncos que se están secando en zonas que superan los 35 grados en verano.
La solución, limpiar los terrenos rurales, es tan obvia como compleja. El ministro del Interior, Luís Neves, ya lo asume: «El verano va a ser terrible, puede ser muy difícil, porque hay factores nuevos, extraordinarios, negativos, y, por eso, pido en nombre de todos que cada uno haga su trabajo. El tiempo de preparación, limpieza (...) es ahora». Esta tarea ya concentra los esfuerzos económicos y logísticos del Gobierno portugués, que ha creado un comando especial que movilizará a siete entidades de tres ministerios (Defensa, Medio Ambiente y Agricultura) para limpiar miles de hectáreas de combustible. Solo entre Leiria y Figueira da Foz, se estima que hay dos millones de metros cúbicos de madera seca y otros materiales de fácil ignición; una cantidad tan abrumadora como las dificultades de acceso para maquinaria, ya que 2.400 kilómetros de carreteras y caminos quedaron bloqueados. Fuentes de Protección Civil calculan que toda esta biomasa ha aumentado el riesgo de incendios en un 50 %.
El nuevo mecanismo, llamado Comando Integrado de Prevención y Operaciones, cuenta con 1500 efectivos y 400 vehículos y ya limpia los bosques de los 90 municipios que estuvieron en situación de calamidad por la sucesión de temporales. Además, a lo largo de los últimos meses, el Gobierno ha aprobado varios estímulos económicos y ayudas a particulares para la reforestación o prevención.
En total, se destinarán 250 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos, para proyectos de regeneración de zonas rurales y forestales abandonadas o afectadas por catástrofes naturales. Además, el Gobierno apoyará con 40 millones de euros a los propietarios de suelo forestal para que limpien sus terrenos afectados, aun reconociendo la dificultad de la tarea: «Será imposible retirar todos los árboles que cayeron; quizá no durante este año, pero queremos que esto ocurra en las zonas críticas, y hay mucho trabajo en marcha», dijo el ministro de Agricultura, José Manuel Fernandes, en marzo. En la misma línea, el Consejo de Ministros aprobó el 30 de marzo ayudas directas de hasta 365 euros por hectárea para limpiar aplicando la técnica de fuego controlado.
El Ejecutivo de Luís Montenegro también solicitó al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 5.300 millones de euros para cubrir las pérdidas derivadas de las tempestades del 22 de enero al 15 de febrero. Una cantidad con la que se pretende «ayudar a financiar la reconstrucción de infraestructuras públicas nacionales y regionales afectadas, así como intervenciones de emergencia».
Entre el 2021 y 2024, la inversión anual media alcanzó los 534,7 millones de euros, llegando a un máximo de 638 millones en el 2024, más del doble que en el 2019. Fueron controlados el 92 % de los incendios en los primeros 90 minutos, pero este éxito generó una gran cantidad de combustible que provocó que el 2025 se cerrase como uno de los años con mayor superficie quemada, superando el trágico 2017, cuando las llamas se cobraron 120 vidas.
Aquella tragedia fue un punto de inflexión: entonces se crearon la Agencia para la Gestión Integrada de Fuegos y una estrategia estructural para combatir los incendios a largo plazo. Uno de sus retos es realizar un catastro integral de Portugal, que aún no cubre ni la mitad del monte luso. El 93 % de los bosques son privados, pero hasta un 20 % de esos terrenos carece de propietario identificado, lo que complica exigir limpiezas o aplicar multas. Desde la década de 1960, la población rural se ha desplomado: pasó de representar el 60 % del total a apenas el 5 % en la actualidad.