El director xeral de Gandaría asegura que no impide venta de leche por debajo de coste
26 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.
La Xunta ha calificado de «papel mollado» la ley de cadena alimentaria aprobada por el Gobierno estatal porque, según el Ejecutivo autonómico, no cumple con uno de los principales objetivos marcados: impedir la venta de leche por debajo del coste de producción. Así lo ha subrayado el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, durante su intervención ante la Comisión 7ª del Parlamento gallego, celebrada este viernes, para responder a una pregunta del Grupo Socialista sobre el sector lácteo. Fue interpelado por el diputado socialista Martín Seco, con el que mantuvo un agitado debate, ya este que acusó a la Administración autonómica de «provocar» que el sector lácteo gallego «entre en coma», según recogió Europa Press.
Según el responsable de ganadería en el Ejecutivo autonómico, la normativa refleja explícitamente que su «obxectivo» es impedir la venta por debajo de coste, algo que, dice, no se está cumpliendo. Por tanto, ha incidido en la demanda de varias comunidades autónomas y organizaciones agrarias que reclaman la articulación de un mecanismo para fijar los índices de precios de referencia por estratos de explotación. Para esto, ha reiterado la propuesta de emplear la aplicación informática Conta láctea, desarrollada en la Xunta y que ha despertado el interés de otros gobiernos autonómicos. En este sentido, ha lamentado que el Ministerio de Agricultura no haya atendido la solicitud de emplear esta herramienta para fijar los precios de referencia.
Acuerdo para incorporar a jóvenes
Por otro lado, en la comisión de agricultura ha salido adelante una iniciativa que insta a la Xunta a continuar fomentando planes para favorecer la incorporación de la gente joven a actividades agroganaderas. Esta proposición no de ley salió adelante con los votos del grupo mayoritario y del PSdeG, mientras que el BNG se abstuvo. Fue la única aprobada en la sesión, donde la mayoría del PP tumbó dos iniciativas de la oposición: una del BNG sobre el apoyo a explotaciones pequeñas y medianas del sector agropecuario y otra de los socialista que pedía la creación de un registro de tasadores cubicadores para el sector forestal.
