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Traspasar derechos de pago único de la PAC al cónyuge no tributa

redacción LA VOZ

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El  Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia (TEAG) ha resuelto a favor de varias reclamaciones de Unións Agrarias contra la Agencia Tributaria en las que la organización agraria entendía que no tenían que hacerlo

17 mar 2021 . Actualizado a las 10:07 h.

Imagine que comparte la titularidad de su granja con su esposa o marido, y están casados en régimen de gananciales. Y que, por lo que sea, de repente cesa en la actividad o quiere abandonarlo todo para emprender una nueva vocación, dejando la totalidad de la explotación en manos de su pareja. Pues en caso de que la granja sea beneficiaria de las ayudas del pago único de la política agraria común (PAC), su pareja tendrá que hacer una declaración paralela del IRPF porque la Agencia Tributaria entiende que esos derechos suponen un activo intangible y, por tanto, al recibirlos su cónyuge incrementa su patrimonio.

Pero eso podría cambiar a partir de ahora. Y eso porque el Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia (TEAG) acaba de dar la razón a varios procedimientos abiertos por Unións Agrarias en los que pedía que el traspaso de esos derechos de pago único no tributaran al pasar la granja a titularidad de una pareja con la que se está casado en régimen de gananciales al entender que no es un activo intangible y, por tanto, su renta no varía. La razón, como explican desde la organización agraria, es que no se traspasan esos derechos a terceros, lo que se hace es un cambio de la titularidad administrativa de la explotación agraria en su conjunto. En Unións Agrarias, que tiene abiertos ahora en torno a unos 40 procesos en el TEAG con casos que se remontan al 2013, calculan que la realización de la declaración paralela de IRPF que pide Hacienda puede suponer, en esos casos, el pago de hasta 6.000 euros, «o que é unha carga importante para a renda das explotacións».

 Cambio de criterio

De ahí que la organización agraria reclame a la Agencia Tributaria un cambio de criterio definitivo al respecto para evitar que los productores tengan que llegar a la vía judicial.