Préstamos por valor de 2,6 millones de euros para pagar la uva de la vendimia

La crisis del coronavirus se está dejando sentir con especial fuerza en el sector del vino gallego. El confinamiento decretado durante marzo del pasado año y las posteriores restricciones que está sufriendo el sector hostelero en toda España están dejando su huella en los balances de cuenta de las bodegas gallegas. Con el fin de ayudar al sector a sobrellevar esta situación, Medio Rural puso en marcha hace unos meses el préstamo vendimia, una herramienta pensada para dar liquidez a las empresas y ayudarles a pagar la uva en tiempo y forma a los viticultores. Según los datos facilitados por la consellería, un total de 28 empresas de la comunidad se han acogido a esta medida, lo que permitirá movilizar algo más de 2,6 millones de euros.

Fue a finales de noviembre del pasado año cuando Medio Rural publicó la convocatoria de sistema de créditos, pensado para ayudar a pagar la uva en un ejercicio que está resultando especialmente difícil para el sector. Los préstamos tenían una duración de cinco años, con uno de carencia, y contaban con un presupuesto de casi seis millones de euros, lo que permitiría movilizar hasta 37,5 millones. Sin embargo, solo se ha empleado un tercio de esta partida pues, según los datos facilitados por la consellería, cerrado el plazo de admisión de solicitudes, se han presentado un total de 28, que han solicitado 2,6 millones de euros en financiación. La mayoría de estas peticiones provienen de empresas ubicadas en las provincias de Ourense y Pontevedra, que es también donde se concentran el grueso de las denominaciones de origen vitícolas.

Requisitos a cumplir

Para poder acogerse a estas ayudas, las bodegas tenían que cumplir una serie de requisitos. El primero, que toda la uva adquirida al viticultor debía contar con el correspondiente contrato. El segundo, que su precio medio no podía ser inferior al 70 % del precio unitario medio pagado en los últimos cinco años por el comprador para toda la uva adquirida de esa variedad en esa zona geográfica protegida. Con estas dos condiciones se quería asegurar que el viticultor había recibido un precio justo por su cosecha y que la transacción se había hecho de acuerdo con lo que marca la ley de la cadena alimentaria. De hecho, el dinero solicitado solo podía destinarse a la adquisición de uva en la campaña de este año o, en el caso de uvas de producción propia, a financiar el capital circulante. En ambos casos, el objeto tenía que ser la elaboración de vino amparado por una denominación de origen o por una indicación geográfica protegida. Por último, el importe máximo del préstamo tenía que corresponderse con el importe total de la uva adquirida durante la campaña. En el caso de bodegas con producción propia, la cuantía máxima se obtuvo multiplicando la producción, en kilos de uva declarada, por entre 1,2 y 0,6 euros kilos, dependiendo de la variedad. En todo caso, el crédito solicitado no podía superar nunca el máximo de los 200.000 euros.

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