La Xunta buscará a los titulares de tierras no localizados para actualizar el catastro

La medida forma parte de la Lei de recuperación de terra agraria de Galicia


redacción / la voz

Galicia concentra el 28 % de las parcelas rústicas de todo el estado, aunque ocupan únicamente el 6 % de su superficie. Esas fincas se reparten entre 1,6 millones de propietarios que poseen una media de 1,7 hectáreas divididas en siete parcelas. El problema es que mientras las explotaciones llevan años demandando terreno para poder aumentar su base territorial para reducir costes o emprender nuevos proyectos, muchas de esas fincas permanecen abandonadas. Más allá de que la propiedad privada que reina en tanto minifundio sea un hándicap para poder poner esos terrenos de forma voluntaria a disposición de quien quiera trabajarlos, también lo es que muchas de esas parcelas están en manos de propietarios desconocidos o no localizados. Además, encontrarlos puede resultar harto complicado porque o bien las tierras continúan figurando en el catastro a nombre de abuelos o bisabuelos de los últimos herederos o pertenecen a emigrantes a los que se les ha perdido la pista.

La Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, a cuya tramitación parlamentaria dio ayer luz verde el Consello de la Xunta, quiere aprovechar todo ese potencial infrautilizado. El objetivo es «ambicioso», como reconoció el jefe del Ejecutivo autónomo, Alberto Núñez Feijoo. La idea, avanzó, es que el texto entre en la Cámara en el primer trimestre del año que viene para su aprobación a lo largo del primer cuatrimestre.

Entre los pasos que dará la ley para intentar dar valor a toda esa tierra abandonada está el de otorgar potestad a la Xunta, concretamente al Banco de Terras, para investigar de oficio dónde están esos propietarios no localizados y, con esos datos, actualizar el catastro.

En la actualidad, es el Estado el encargado de realizar esa investigación en busca de los dueños de terrenos desconocidos. Una vez agotadas las posibilidades, aquellas tierras a cuyos propietarios ha resultado imposible localizar, pasan a ser del Estado. Pero una vez que se aprueba la normativa gallega, promocionada con el lema «Recuperar é de Lei», esa potestad pasará a manos de la comunidad porque, tras consultar con la Comisión de Dereito Civil, Galicia será de las primeras comunidades en gestionar parcelas de propietarios desconocidos en lo referente a cualquier política relacionada con el medio rural.

Tanto Núñez Feijoo como el conselleiro de Medio Rural, José González, dejaron claro que la Xunta o el Estado «en ningún caso» van a expropiar o se van a quedar con la titularidad de terrenos. Al menos ese no es el fin último. Si durante el proceso de búsqueda se da con el propietario, este será invitado a participar voluntariamente en estas fórmulas. Si resulta imposible dar con él, la propiedad quedará inscrita en el Banco de Terras «para cederllas ao que as queira», explicó González, quien también animó a los dueños de terrenos a promover estas mismas acciones sin necesidad de intervención pública.

Al desgranar la norma explicó que la ley permitirá localizar zonas agrarias, activas o inactivas, y aplicar sobre ellas tres mecanismos de actuación «voluntaria», remarcó: los polígonos agroforestales, las aldeas modelo y las agrupaciones de gestión conjunta. Los polígonos agroforestales requerirán para su activación mayorías cualificadas de propietarios del 70 %, y buscarán la productividad de terrenos modificando su estructura siempre para darles mayor dimensión a través de la venta o el alquiler, con un tamaño mínimo para cada tipo de cultivo o actividad. El propietario que venda o alquile siempre recibiría alguna compensación por ceder las tierras. En el caso de las aldeas modelo, un proyecto que ya tiene experiencias piloto en Galicia, no se tocan los marcos de las propiedades, normalmente en el entorno de núcleos rurales.

La clave en este caso es implantar actividades agroganaderas en los perímetros de población para dinamizarlos y protegerlos del fuego, y, a cambio, los propietarios de esas tierras en desuso no tienen que pagar por los desbroces anuales, a los que ahora están obligados por ley. Por último, se incentivarán las agrupaciones de gestión conjunta, que tampoco supondrán modificar el tamaño de las propiedades pero que buscarán que se pueda desarrollar una explotación única.

Mejoras fiscales

La nueva ley vendrá acompañada por una ampliación de las bonificaciones impositivas para actividades en el medio rural. De hecho, se complementa con una solicitud al Gobierno de España para que asuma también rebajas en vías de recaudación como el IRPF o el impuesto de sociedades para los que se acojan a estas modalidades de explotación, por entender que ayudarán a cumplir objetivos globales como el anclaje de población en zonas desfavorecidas demográficamente o a nivel medioambiental, por su incidencia en la limitación de los incendios forestales.

Fincas abandonadas, la baza económica infrautilizada

m. c.

Más de treinta años antes de que en el 2013 el fuego arrasara la cara del monte Pindo que mira a la cascada del Ézaro, las llamas ya habían estado a punto de devorar la ladera. Pero entonces, recordaba un vecino de la zona en el 2019, los habitantes de la zona subían a recoger leña, había caballos, ovejas, cabras... El fuego lastimó el monte, pero no pudo con él gracias a toda esa actividad agroganadera. Pero con los años las oportunidades de prosperar fueron alejándose del pueblo y los vecinos marcharon tras ellas. Lo que pasó en esa parte del Pindo, ocurrió en miles de aldeas de Galicia. Y donde antes crecía el trigo, ahora solo lo hace la maleza. Actualmente, la tierra trabajada en Galicia no llega a las 700.000 hectáreas, 800.000 menos que en 1962, cuando se elaboró el primer censo agrario.

Volver a llenar las aldeas pasa por crear una actividad que permita vivir do rural. Un estudio realizado por los grupos de investigación GEN y ECOSOT, de la Universidade de Vigo, y los de ECOAGRASOC e Territorio-Biodiversidade-Teblo, de la de A Coruña, para Medio Rural estima que trabajar las 512.308 hectáreas abandonadas en la comunidad y que son aptas para el cultivo, sumaría cerca de 400 millones al PIB de Galicia al tener un impacto directo del 0,63 %, pudiendo llegar a generar unos 9.168 empleos directos.

El Gobierno gallego aprueba la tramitación de una ley para poner la tierra abandonada a disposición de quienes la quieran trabajar

Juan Capeáns

Incide en la activación de parcelas en desuso o sin propietario localizado para darles mayor dimensión a las explotaciones o dar acceso a ellas a quienes quieran emprender en el campo

El Gobierno gallego ha aprobado la Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, que entrará en el Parlamento en las próximas semanas bajo una propuesta del grupo mayoritario del PPdeG, lo que permitirá que entre en vigor en el primer cuatrimestre del 2021.

El objetivo es «ambicioso», según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, porque el nuevo texto legal impulsado por la Consellería de Medio Rural ataca tres problemas históricos del campo gallego: el minifundismo, el abandono de suelo agrario y la falta de relevo generacional en explotaciones activas y rentables. Promover la productividad de terrenos y ponerlos a disposición de aquellos que sí las quieren trabajar, bien sea con fines agrarios, ganaderos o forestales, tendrá ahora respaldo legal, pero su efectividad dependerá de la buena voluntad de los propietarios y interesados, que tendrán varias figuras a las que acogerse para poder acordar el alquiler o la venta de terrenos que permitan dimensionar una explotación.

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