La caída de precios y el decreto de purines amenazan al vacuno de carne

UU.AA. exige ayudas a la Xunta y contratos homologados para los ganaderos


Redacción / La Voz

El sector del vacuno de carne gallego está en peligro. Así al menos lo aseguran los responsables de Unións Agrarias, que han detectado varias amenazas para la supervivencia de estas explotaciones. La primera, la caída en los precios que están percibiendo los ganaderos gallegos desde que comenzó la crisis del coronavirus. La segunda, el nuevo decreto de fertilización que propone una gestión de los purines que para muchas explotaciones es inviable económicamente e incluso imposible de llevar a cabo. Para solventar esta crisis, la organización agraria presentó un programa de actuaciones en el que implicará a la Xunta, a las cadenas de distribución, a los mataderos y hasta a los consumidores.

Unións Agrarias quiso dejar claro que la importancia de las 10.500 explotaciones que en Galicia se dedican al vacuno de carne es mucho mayor que los empleos que generan. «Non son so os 20.000 empregos directos que xeran, o que está en xogo é o efecto devastador que o seu peche pode ter sobre esa Galicia valeira», insistió Roberto García, responsable del sindicato. El primer problema al que se están enfrentado estas explotaciones es una bajada en los precios que perciben. «Temos a previsión que isto vai durar todo o ano e o problema é que esta caída de ingresos supón que os gandeiros non pagan custes de produción», argumenta. Por eso le reclama a la Xunta la aplicación inmediata de las ayudas directas que prometió durante el pasado mes de junio. «Esperamos que nos próximos días se ingresen esas axudas directas de hasta un máximo de 7.000 euros por explotación para compensar esa caída nos prezos da carne», añadió García. A Medio Rural le reclamó también que incluya en los presupuestos de este año partida para hacer frente a las ayudas agroalimentarias de la UE de forma transitaria, mientras no se pone en marcha la nueva PAC. Y pidió además que se mantengan las subvenciones para las explotaciones ubicadas en zonas más desfavorecidas. De no tramitarse todos estos apoyos al sector, puede suceder que muchas explotaciones se vean obligadas a echar el cierre.

Por otro lado, el sector teme las repercusiones del borrador del decreto de fertilización de suelos cuya aplicación, según García, podría suponer un gasto de 4.000 euros por explotación. «Ninguén se opón á redución de emisións, pero non podemos pedir a unha explotación familiar que invista miles de euros. Ademais de que hai zonas, como na alta montaña, na que resulta inviable aplicalo», argumentó. Lo que más preocupa al sindicato de esta nueva normativa «é que parte dunha base lineal na que non se diferenza ás explotacións». Sostiene que no es lo mismo una granja familiar con dos mil vacas, que una explotación industrial con 20.000, ni una explotación ganadera en extensivo que una de porcino en intensivo. «Calquer plantexamento que non faga unha análise detallada da situación nos preocupa, porque coloca a moitas explotacións na única opción de pechar ou endebedarse», argumenta.

Falta de ayudas

Unións está también preocupado porque no se arbitren mecanismos que hagan viable las inversiones que tiene que hacer el ganadero. Se refiere a convocar algún tipo de ayuda que, por ejemplo, sufrague el gasto de maquinaria. Recuerda que está a favor de reducir las emisiones contaminantes, pero que esto debe hacerse de una forma que resulte viable. «Pretender que se faga inxeccións de xurros en terreos con pendente é algo completamente inviable», asegura García, quien avanza que su organización presentará una serie de alegaciones al borrador del decreto.

Una campaña con la distribución y los consumidores para potenciar Ternera Gallega

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La organización fomentarán e informará sobre el uso de contratos homologados para regular las relaciones entre los tratantes y los ganaderos

Unións Agrarias considera que es necesario implicar a todos los que forman parte de la cadena alimentaria para poder salvar al vacuno de carne. Es por eso que, durante el próximo mes, la organización agraria pondrá en marcha dos campañas. La primera está dirigida a las grandes cadenas de distribución y a los consumidores, para fomentar el consumo de carne amparada por las IXP Ternera Gallega y Suprema. La segunda implicará a comerciantes, tratantes y mataderos para animarles a firmar unos contratos homologados en los que figure el precio que van a pagar a los ganaderos.

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