El último día para limpiar el monte llega con trabajo pendiente por el covid
SOMOS AGRO
Medio Rural dice que ya se ha actuado en el 60 % de la superficie de zonas priorizadas
17 jul 2020 . Actualizado a las 20:59 h.Este jueves expira el plazo dado por la Xunta para que los terrenos y fincas situados en las llamadas franjas secundarias -áreas de 50 metros en torno a núcleos de población que deben mantenerse libres de árboles pirófitos y maleza- estén desbrozados y listos. La fecha límite, que por ley es el 31 de mayo, fue ampliada este año hasta el 16 de julio por la Consellería de Medio Rural, debido a las complicaciones derivadas de las restricciones de movilidad a las que durante meses obligó el coronavirus.
Pese a esa flexibilidad, no todo estará a punto. Un año más, la fecha tope ha cogido a muchos dueños de fincas sin haber cumplido sus obligaciones. Lo demuestran las jornadas de intenso trabajo que se viven en las empresas dedicadas al desbroce y limpieza de terrenos. «Estamos a tope. Cando chega esta época sempre che contratan para xa. Non todos os propietarios van dar cumprido, pero a verdade é que cada vez é máis usual que nos chamen para estas tarefas, a xente estase concienciando. Os labores de limpeza e prevención son fundamentais para que os nosos fogares sexan un refuxio seguro e a xente non morra tentando escapar dun incendio», comenta Serafín uno de los técnicos de la empresa de servicios forestales Emdesfor.
Situación similar describe Javier Couto, responsable de Desbroces Lamas: «Temos moito traballo e moitas peticións. Non vai estar todo a tempo, pero non por deixadez, senón porque non se dá feito. Co coronavirus moita xente non se puido desprazar a revisar ou ensinarnos as fincas e moitos traballos non están feitos por ese motivo», explica. Y es que aunque estas empresas fueron declaradas servicio esencial y pudieron continuar su actividad, el confinamiento sí afectó a muchos propietarios que viven lejos de sus terrenos. Incluso retrasó contrataciones por parte de las comunidades de montes: «Non podían celebrar as asembleas para aprobar contratacións, iso empezou a moverse hai unhas semanas», apuntan desde Emdesfor.
Aún con esas dificultades, desde la Consellería de Medio Rural aseguran que se ha realizado «un importante avance» en la gestión de las franjas secundarias por parte de los particulares, aunque la situación difiere de unos concellos a otros. Especialmente sensibles son las zonas priorizadas en el convenio de protección de las aldeas suscrito entre Xunta, Fegamp (Federación Galega de Municipios y Provincias) y la empresa pública Seaga, en virtud del que los propietarios pueden encargar a Seaga las labores de limpieza a un precio fijado y ventajoso. Según datos de Medio Rural, el 60 % de la superficie que suman estas zonas ya ha sido desbrozada, bien por particulares, bien por la empresa. Actualmente hay 259 concellos adheridos a este convenio, y otros cuatro lo han solicitado.
Casi la mitad de las hectáreas revisadas en áreas prioritarias el año pasado no se habían limpiado
Aunque la gestión de la biomasa que crece en los 50 metros más próximos a las viviendas es obligatoria desde la aprobación de la Lei de incendios del 2007 (responsabilidad que recae en los propietarios de los terrenos), la práctica se asienta poco a poco. Los datos mejoran año a año, pero aún distan de un cumplimiento generalizado de la norma.
Como muestra, las cifras del año pasado. La Xunta revisó el estado de unas 4.400 hectáreas de superficie, pertenecientes a parroquias prioritarias (aquellas con mayor riesgo de sufrir incendios, según los datos de años anteriores). De ellas, algo menos de 2.300 habían sido limpiadas y acondicionadas, lo que supone el 51,7 %, poco más de la mitad. La otra mitad, unas 2.100 (el 48,3 %), no cumplieron con lo que marca la ley.
La puesta en marcha en el 2019 del convenio entre concellos y Xunta para que Seaga abordase esas labores a un precio de 350 euros por hectárea, con el que Medio Rural preveía desbrozar 4.500 hectáreas, no permitió grandes avances, toda vez que fue necesario ir firmando los convenios y dando a conocer la iniciativa a los propietarios para que solicitasen los servicios. Finalmente, se suscribieron 1.586 contratos con particulares para limpiar cerca de 4.600 fincas. Esos terrenos sumaban 255 hectáreas, de las que se llegó a actuar en 196.
