Tal y como se preveía, Medio Rural solo recibió siete peticiones para la vendimia en verde y otras diez para el almacenamiento privado

M. Alfonso

El sector del vino gallego fue uno de los más castigados por la emergencia sanitaria decretada por el covid-19. De un día para otro, miles de bodegas vieron como su actividad se frenaba en seco, pues dejaron de recibir pedidos por el cierre de la hostelería y la restauración. Con el fin de paliar las terribles consecuencias que la crisis ocasionó a este sector, el Ministerio de Agricultura publicó hace unas semanas las medidas de urgencia para ayudar a bodegas y viticultores a afrontar esta situación, sobre todo, ahora que la próxima vendimia está a la vuelta de la esquina. En Galicia, estas propuestas recibieron las críticas de los consellos reguladores, las organizaciones sindicales y la propia Consellería de Medio Rural. Todos estaban de acuerdo en que las subvenciones iban a tener poca incidencia en la comunidad, pues no estaban pensadas para un sector tan minifundista como el gallego en el que, además, la uva tiene un elevado precio. El tiempo les ha dado la razón. Cerrado el plazo para presentar solicitudes, Medio Rural solo ha recibido 17. Diez de ellas son para el almacenamiento privado de vino y, otras siete, para la vendimia en verde. Galicia aspira, en total, a recibir 236.467 euros de una partida que supera los 90 millones.

Tres eran las fórmulas que el ministerio diseñó para subvencionar la actividad de viticultores y bodegas. Para los primeros habilitó la conocida como vendimia en verde, una práctica que consiste en destruir la uva que hay en las parcelas a cambio de una compensación económica. Según explicó Medio Rural en su día, la propuesta no estaba pensada para la comunidad, pues obligaba a destruir la producción de parcelas enteras y a que las fincas tuvieran una extensión mínima de 0,3 hectáreas, muy por encima de la media de las parcelas gallegas. Cerrado el plazo de admisión, en la consellería solo han recibido siete peticiones para estas ayudas, a pesar de que en la comunidad hay más de 13.000 profesionales de la viticultura. De los 10 millones que se han habilitado en toda España para financiar esta práctica, los viticultores gallegos han solicitado un total de 80.677 euros. De estas solicitudes, seis están adscritas a la denominación de origen Rías Baixas y otra a Monterrei. La superficie afectada supera las diez hectáreas.

Destilación de crisis

El ministerio también apostó por financiar la destilación de crisis para todo tipo de vinos, esto es, pagar a las bodegas por destinar sus vinos a la destilación. Para este fin se habilitaron 65 millones de euros, de los que Galicia ni recibirá ni uno. Y es que no ha habido nadie que solicitara acogerse a esta línea de subvenciones, informan en la consellería de Medio Rural.

Tal y como se preveía inicialmente, la propuesta del ministerio que más triunfó en la comunidad gallega fue la del almacenamiento privado. Esta prevé bonificaciones a las bodegas por retener el producto terminado durante seis, nueve o doce meses de forma voluntaria, lo que permite eliminar temporalmente el exceso de oferta del mercado. Diez bodegas presentaron sus solicitudes para acogerse a esta medida. Cuatro de ellas son de Rías Baixas, dos de la Ribeira Sacra y otras tanto de O Ribeiro, una de Valdeorras y otra de Monterrei. En concreto, pidieron ayudas para almacenar 19.268 hectolitros de vino blanco y 8.090 de tinto. Las ayudas ascienden, en este caso, a 155.790 euros, de los 15 millones que ha presupuesto el ministerio para este fin.

Desde la Consellería do Medio Rural ya han reclamado al ministerio que ponga en marcha otro tipo de medidas más específicas para ayudar al sector del vino gallego. Exigen, en concreto, un plan de promoción específico y que sean los consellos reguladores los que puedan llevarlo a cabo. Con ello buscan incrementar el consumo de un producto que, de un día para otro, vio como buena parte de sus principales clientes desaparecían.