Considera que la reforma ha convertido a la norma en una herramienta para lograr precios justos para agricultores y ganaderos
25 jun 2020 . Actualizado a las 09:32 h.«Conquista histórica». Así califican en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) el Real Decreto 5/2020 por el que se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y se modifica la ley de la cadena alimentaria. Su objetivo, añade la formación, es devolver al sector el equilibrio perdido tras muchos años de malas prácticas. La formación está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para lograr que esta norma se cumpla de forma efectiva y conseguir así unos precios justos para los productos agroganaderos.
La formación ha puesto en marcha el Observatorio Continuo de Información y Control (OCIC), que vigilará todas y cada una de las operaciones de productos agroalimentarios para, en su caso, poner la denuncia correspondiente ante la autoridad competente. «Entre 2014 y 2019, la AICA impuso casi 2.000 sanciones, por un importe aproximado en multas de once millones de euros», explican en UPA, quienes aseguran ser los autores de muchas de estas denuncias. Con las modificaciones que se aprobaron en febrero, la mayor parte de estas sanciones ya se calificarían como graves y por lo tanto las cuantías habrían sido mayores. Además, a partir de ahora se conocerá el nombre de los sancionados. «Esta ley puede marcar un antes y un después en el derecho agroalimentario de toda Europa, porque los agricultores y los ganaderos han luchado mucho para tener una herramienta de este tipo y no se puede permitir que otros intereses eviten el cumplimiento estricto y firme», añaden. La organización está ahora trabajando con los grupos parlamentarios para blindar sus últimas modificaciones a la Ley de la Cadena durante su trámite en el Congreso.
Principales ventajas
¿Cuáles son las principales ventajas de esta nueva normativa? Pues la primera es que se cambia el proceso de formación de precios de los alimentos. Obliga a que el precio se forme de abajo hacia arriba y a que en las operaciones de compraventa se tengan en cuenta los costes de cada eslabón. Es cierto que la ley no determina precios mínimos, añaden en UPA, pero el ministerio publicará índices orientativos de precios para distintos productos y, en caso de denuncia, los inspectores analizarán los costes de cada operador y eslabón.
UPA sostiene que la nueva ley aporta seguridad jurídica a las operaciones de compraventa, pues el responsable de pagar un precio justo será siempre el comprador. Todas las operaciones deberán hacerse con contrato por escrito en el que figure el precio y el plazo de pago. La norma endurece también las sanciones para los que la incumplan y eleva a grave el hecho de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incorporar el precio en los mismos o dejar fuera una referencia a los costes de producción. Las multas pueden ser de entre 3.000 y 100.000 euros.
La ley también prohíbe que un producto se venda por debajo de lo que ha pagado el eslabón anterior y protege a los agricultores para que no entreguen sus productos sin saber lo que van a percibir por ellos. También prohíbe las promociones engañosas. UPA anima a denunciar todos los abusos que se conozcan para hacer cumplir esta nueva normativa que protege al sector primario.