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Unións Agrarias pide a la Xunta abrir mesas de negociación para calcular los costes de producción de los distintos productos del campo

LA VOZ SANTIAGO DE COMPOSTELA

SOMOS AGRO

XOÁN REY

Roberto García asegura que el decreto del Gobierno no es un mero «código de boas prácticas» y dice que ahora Medio Rural debe sancionar a industrias que incumplan la ley no otorgándoles subvenciones

27 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El decreto aprobado por el Gobierno para contener las protestas del campo y que supone la primera modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria no ha servido todavía para acallar las movilizaciones, pero ha sido valorado positivamente desde Unións Agrarias, quien considera que existe un punto de inflexión respecto a anteriores normativas, como es la tipificación de conductas ilegales y el establecimiento de sanciones de hasta cien mil euros. Pero este es solo el primer paso. «Agora queda abrir as mesas de traballo coa Xunta para analizar non só os prezos senón todo o aos custes de produción nas distintas actividades do campo», explicó Roberto García en Santiago. Unións Agrarias ha insistido en que, a partir de ahora, Medio Rural puede y debe sancionar a las industrias que incumplan la ley a través de no otorgarles subvenciones.

«Non estamos ante un código de boas prácticas», aseguró  Roberto García. El secretario xeral de la organización advierte de que el nuevo decreto ataca elementos clave que causan  los desequilibrios de la cadena de valor del campo, como es el pago por debajo del precio del coste, que pasa a ser ilegal, o el uso de algunos productos como reclamo en el lineal de la distribución. La llamada venta a pérdidas puede ser una infracción grave o muy grave, en función de que sea reiterada, y acarrea multas que van desde 100.000 euros euros hasta el millón. Unións Agrarias considera que este decreto supone un avance importante y beneficioso para el sector lácteo gallego, porque existe negociación colectiva y tiene fijados los costes de producción, y porque llega en un momento en el que se están negociando los precios para la próxima campaña.

Roberto García destacó que a partir de ahora se puede perseguir el pago por debajo del precio de coste en todos los eslabones de la cadena de valor, lo que beneficiará no solo a los ganaderos y agricultores, sino a las industrias en sus relaciones con las grandes cadenas de distribución. 

El nuevo decreto del Gobierno también establece que se puedan prorratear las ayudas de incorporación al rural en cuatro años para un mejor tratamiento fiscal, algo que no satifasce del todo la demanda de Unións Agrarias, que prefería un reparto de cinco años para una mejor adaptación a los períodos de amortización. «En calquera caso, supón unha mellora do que había», ha puntualizado Roberto García.