El Consejo Europeo quiere cercenar un 14 % las ayudas a la PAC en plena rebelión del campo

El Gobierno reduce temporalmente de 35 a 20 peonadas el mínimo para cobrar el PER

C. Porteiro
redacción / la voz

Pintan bastos para el campo. Y los agricultores elevan la presión en busca de medidas que les permitan seguir viviendo de sus tierras. Claman por unos precios justos y ayer volvieron a hacerse oír en las calles. Valencia, Lérida o Córdoba fueron solo algunas de las localidades españolas en las que los trabajadores del campo protagonizaron multitudinarias protestas. Todo ello el mismo día en que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la sección agraria de los sindicatos mantenían una reunión, a la que también asistió el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y rodeada de polémica por la ausencia de las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), invitadas en principio pero desconvocadas por sorpresa a última hora del jueves cuando ya sus representantes se habían desplazado hasta Madrid para asistir al encuentro. Tal fue el malestar generado que Díaz se vio obligada a rectificar, convocándolas ahora para el próximo martes.

No fue el único enfado provocado por el Ejecutivo con su actitud. Y es que, los representantes de la CEOE y Cepyme, Rosa Santos y Pedro Fernández, abandonaron la reunión que estaban celebrando por la mañana en el Ministerio de Trabajo (junto con CC.OO. y UGT) ante el malestar que les había generado que los representantes del ministerio abandonaran la sala en varias ocasiones porque estaban también pendientes de la reunión que se estaba manteniendo con los sindicatos agrarios.

Con todo, en ese polémico encuentro, el Gobierno propuso rebajar de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, una medida que considera «coyuntural» y que se encuentra condicionada por la dificultad de los jornaleros para poder recibir estas ayudas debido a la caída de la carga de trabajo por los temporales de los últimos meses.

Y por si no andaban ya los ánimos lo suficientemente caldeados en el campo, el Consejo Europeo reveló ayer su intención de cercenar sin contemplaciones las ayudas destinadas al rural a lo largo de los próximos siete años en un 14 %. Esa es la propuesta que se sentarán a debatir los veintisiete líderes de la UE el próximo jueves en Bruselas, una cita de alto voltaje que viene precedida de ataques cruzados entre los países contribuyentes netos como Países Bajos, Austria, Suecia o Dinamarca y los «amigos de la PAC y la cohesión», entre los que se incluye España. Los primeros han obligado al presidente del Consejo, Charles Michel, a presentar una propuesta de partida «inaceptable» para los socios del sur y este de la UE bajo el pretexto de que hay que «modernizar» los presupuestos y ajustarlos a un futuro sin el Reino Unido. Su partida deja un agujero anual de 10.000 millones de euros en la hucha comunitaria.

En el rural gallego suenan los tambores de guerra porque, de entre todos los cajones donde se podía ahorrar, Michel ha preferido ensañarse con el que da de comer al campo en Galicia: los fondos de desarrollo rural. Podrían sufrir un desplome del 25 % si el Gobierno de Sánchez no juega bien sus cartas. Todavía es pronto para saber en qué se quedará el sobre de 913,6 millones de euros que venía recibiendo la comunidad a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el de 160 millones de euros en ayudas directas de la PAC, pero no hay duda de que la poda dejará a Galicia coja en sus proyectos para fijar población al rural (97,8 % de su superficie), garantizar el relevo generacional, mejorar la gestión de los bosques e incentivar la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, mayoritariamente familiares y con dificultades para incorporar tecnologías innovadoras. Los fondos destinados a dinamizar el campo corren peligro, de igual modo que el sobre de ayudas directas, que regaron al rural gallego con 160 millones de euros en los últimos siete años. A estas restricciones presupuestarias se podrían sumar los topes establecidos en las asignaciones por explotación, que no podrán superar los 100.000 euros.

¿Qué proponen los agricultores para solventar los problemas del campo?

M.Alfonso

UPA reclama cambios legislativos urgentes que permitan definir por ley cuál es el precio justo de los productos agrícolas y que sancionen de forma contundente a todos los que abusen

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) tiene claro que la cuestión más urgente que afecta al sector agroganadero español es la «absoluta falta de un precio justo que permita, al menos, cubrir los costes de producción». Así se lo trasladó al ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la primera reunión de la mesa de debate agrícola. La formación presentó una batería de medidas que, en su opinión, se deben poner en marcha para que los agricultores logren unos precios justos por sus productos. Algunas de ellas llevan mucho tiempo sobre la mesa, como que se prohíba la venta a pérdidas o que las sanciones que se apliquen a aquellos que incumplan la norma sean públicas y ejemplares. Otras son más novedosas, como definir por ley qué es un precio justo para un determinado producto agrícola. 

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