La Xunta reclama al Estado una ley de incentivos fiscales para el campo

José González plantea al ministerio la creación de grupos de trabajo con las comunidades para perseguir la venta a pérdidas


Santiago de Compostela

La Xunta aprovechará este miércoles la reunión del Ministerio de Agricultura y las comunidades para proponerle al Gobierno una nueva ley estatal que mejore la fiscalidad del medio rural, tanto en el ámbito agroganadero como el forestal. El objetivo, según el responsable de Medio Rural, es establecer una serie de incentivos fiscales que mejoren las rentas del sector primario. El conselleiro recordó que, en lo que son tributos de competencia autonómica, la Administración gallega ya ha puesto en marcha el programa de impuestos cero en el rural, con ventajas y bonificaciones, como la compra de vivienda en zonas poco pobladas o el alquiler de inmuebles de carácter rústico. Pero la Xunta entiende que los principales impuestos en los que se debe actuar son de competencia estatal.

La mejora de los incentivos es una de las demandas del sector forestal, pero esto afecta al impuesto de sociedades y al IRPF, cuya capacidad de modificación normativa depende de la Administración central. «Trátase de facer unha discriminación positiva na fiscalidade dos agricultores, gandeiros e silvicultores, para mellorar tamén así a rendabilidade das súas explotacións», defendió José González.

 La Xunta llevará mañana a la reunión entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades la propuesta de transponer la normativa comunitaria que modifique la legislación estatal en materia de competencia desleal y de establecer medidas para mejorar la cadena alimentaria. Así lo ha anunciado en Santiago el conselleiro de Medio Rural, José González, quien ha explicado que se trata de buscar una ampliación del catálogo de conductas prohibidas con el objetivo de erradicar la venta a pérdidas, una práctica que deteriora la cotización de los productos en origen y las rentas del sector primario. Para ello, la Xunta solicitará al Gobierno central la creación de grupos de trabajo con la comunidades para concretar esa incorporación de la normativa europea y la consiguiente revisión de la estatal, algo que, según Medio Rural, debería hacerse cuanto antes. «Non se pode defender a fixación de prezos mínimos para os produtos agrícolas e gandeiros porque iso está prohibido pola normativa europea de competencia, pero nós si apoiamos que a cadea de valor constrúa o prezo dos produtos do sector primario a partir do custo de produción, evitando así a venda a perdas», subrayó el conselleiro e una comparecencia.

El Gobierno gallego no tiene ahora un registro en el que pueda identificar estas prácticas porque no es una competencia de la Administración autonómica, tal y como precisó José González. El sindicato Unións Agrarias se ha mostrado partidario de divulgar los precios de todos los eslabones de la cadena de valor para determinar en qué punto concreto se produce la distorsión, y el propio conselleiro también ha insistido esta mañana en la necesidad de ahondar en una mayor transparencia. En concreto, en el sector lácteo, se conoce públicamente a cómo pagan las industrias a los productores, pero no cómo retribuye la distribución a las industrias. Son los llamados precios de cesión, que sí se remiten al Ministerio, pero que no se divulgan, algo que vienen demandando desde hace ya tiempo las organizaciones agrarias.

El Gobierno cántabro se une a las organizaciones agrarias

Por otra parte, de cara a la reunión de mañana en Madrid,  el Gobierno de Cantabria y los representantes de los ganaderos han hecho frente común para defender las demandas del sector primario de la región. La Consejería de Desarrollo Rural, las cuatro organizaciones agrarias (Ugam-Coag, Asaja, UPA y Aigas) y las tres cooperativas que hay en la región (AgroCantabria, Valles Unidos del Asón y Comillas-Ruiseñada) acordaron las reivindicaciones que trasladará Cantabria al ministro de Agricultura, Luis Planas.

Cantabria ya está en conversaciones con el resto de las comunidades de la cornisa, Galicia, Asturias y el País Vasco, y el consejero confía en que puedan alcanzar una postura común porque su sector primario comparte las mismas peculiaridades y los mismos problemas.

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