La experiencia comparada de los países para abordar este problema, extensible a una gran parte de Europa, revela que es imposible poner en valor las tierras improductivas sin que exista una fuerte intervención del sector público capaz de intermediar en un mercado que despierta escaso interés al inversor privado
11 nov 2019 . Actualizado a las 10:19 h.Galicia tiene en marcha ahora un proyecto normativo para la movilidad de las tierras cuya principal novedad será la posibilidad de que el sector público autonómico pueda poner a gestionar parcelas de propietarios desconocidos. En Portugal funciona desde hace muchos años una bolsa nacional de tierras que alquila y vende, pero con un número pequeño de explotaciones, y después de la ola de incendios de hace unos años, decidieron dar un paso más y poner en marcha un proyecto para crear un banco público que diese respuesta a otro grave problema: el elevadísimo número de propietarios forestales desconocidos, sobre todo en el centro y norte del país. Este instrumento pasaría a gestionar esas parcelas. El abandono del medio rural es un desafío que, en mayor o menor medida, afecta a todo el viejo continente, azotado por una grave crisis demográfica. Y la experiencia comparada de las distintas políticas muestra que afrontar este desafío requiere de una profunda intervención del sector público para dinamizar un mercado que suscita un escaso interés de la inversión privada. Esta es una de las principales conclusiones del congreso internacional sobre desarrollo rural, que se celebra estos días en Compostela, y está organizado por la Xunta.
En Francia, un país que protege especialmente el bosque y con muy poca tierra agraria abandonada, funciona el modelo de las Safer, un conjunto de sociedades público y privadas, que opera a nivel regional y que se dedica a la compra y venta de tierras. «Traballan cunha función de orientación productiva, pero también medio ambiental: teñen recuperado vellas minas ou marismas, e mesmo lembro cando mercaron o viñedo máis antiguo de Europa e o venderon a unha bodega; as Safer non poden dar beneficios», explica Alejandro Sánchez de Dios, subdirector de Mobilidade e responsable do Banco de Terras. A diferencia de Francia, algunos países se enfrentan a un gravísimo problema de abandono, en que confluyen razones económicas y sociales, como el envejecimiento poblacional, la emigración, la falta de maquinaria o la baja calidad del suelo.
Maxim Gorgam, responsable de la FAO en Budapest, explica el caso de Armenia, donde el 33 % de las tierras cultivables han sido abandonadas, un país que se enfrenta, además, a un grave problema de riego. La falta de recursos financieros, la informalidad o la economía sumergida ha hecho que el mercado de compraventa privada no funcione, y se ha optado por el modelo de una agencia pública que gestiona un banco. El objetivo es dar mayor transparencia y seguridad jurídica. Es un modelo en el que el Estado interviene. «Los agricultores reciben formación y transfieren la tierra a los que la pueden y quieren trabajar», precisa Gorgam.
Turquía es otro de los países que se enfrenta a un grave problema de abandono del medio rural, un país en el que viven 80 millones de personas, de las que el 20 % lo hacen en el campo. Tiene 32, 5 millones de parcelas, y hay dos millones de hectáreas improductivas, que no se trabajan. A lo largo de los últimos años, gracias a la tecnología digital, el Gobierno ha hecho un trabajo de identificación, y ha puesto un número a cada finca. Los procesos de concentración parcelaria han permitido crear explotaciones más grandes, que han multiplicado por cuatro su valor, y han encontrado salida en el mercado de alquiler. Pero al mismo tiempo se ha puesto en marcha un banco público para gestionar las parcelas de propietarios desconocidos. «Una de las principales novedades en nuestro país ha sido un cambio en la ley de herencias, de forma que las tierras que se transmiten y no se trabajen en un período de tiempo puedan pasar a manos del Estado para ponerlas en valor», explica Metin Turker, del Ministerio de Agricultura de Turquía.
En cierto modo, algo similar se ha hecho en Serbia, donde existe amparo legal para que el Estado pueda cultivar la tierra en el que caso de que no lo haga el propietario, una vez que haya sido requerido para ello. En este país se ha empezado a dinamizar el mercado gracias también al programa de deducciones fiscales y otras ventajas. «Si en tres años nadie ha alquilado esa parcela al Estado, un interesado podría arremdarla por cero euros y, después de cinco años, se le iría subiendo el precio», revela Nenad Gvozdenovi, miembro del Gobierno. Otro de los países con una baja movilidad de tierras y donde existen granjas pequeñas es Macedonia, donde el 45 % de la tierra cultivable está abandonada. Desde el año 2012 esta en marcha un plan hasta el 2020 para mejorar el registro de fincas abandonadas. Identificado el propietario, se establecen tre posibilidades; que la ponga en uso; que la alquila o la venda; o, por último, que la ceda al poder público para que la gestione. A diferencia de lo que sucede en Serbia, donde hay incentivos fiscales, aquí se ha optado por las penalizaciones. Aquellos dueños rústicos con tierra sin cultivar tienen que hacer frente a un gravamen. El principal problema que se ha encontrado este país es que, muchas veces, las administraciones locales encargadas de aplicarlo, no lo hacen, y eso obedece a razones de tipo electoral por la impopularidad de esta medida.
En el diseño de su estrategia de movilidad de tierras, Galicia se ha desmarcado de la vía del castigo fiscal. La futura ley, pendiente de ir al Parlamento, apuesta por la vía de fomentar el alquiler a través del banco público porque entiende que hay que generar nuevas vías de ingresos, no castigos. Medio Rural considera que, en el caso de una jubilada mayor de más de 80 años con una parcela abandonada, es mejor alternativa que la ceda y cobre un alquiler de 200 o 300 euros, y no que se establezca una penalización a una persona que ya percibe una pensión muy pequeña.