Abren expediente a 22 bodegas por comprar uva sin contrato, una de ellas de Galicia

La Agencia de Información y Control Alimentarios podría sancionar a estas empresas con hasta 3.000 euros


Redacción / La Voz

La Unión de Agricultores y Ganaderos interpuso, durante la vendimia del pasado año, una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) porque aseguraba que había evidencias de que se estaban produciendo entregas de uva sin contrato. Esta práctica está penada en la ley de la cadena alimentaria, que obliga a que todas las transacciones entre bodegueros y viticultores se realicen usando acuerdos escritos. Fruto de aquella denuncia, la agencia realizó inspecciones y abrió expediente a 22 bodegas de toda España. Solo una de ellas es gallega, aunque desde Unións Agrarias aseguran que «en Galicia tamén se está a incumplir esta medida», argumenta José Ramón González, portavoz de la organización agraria.

Unións Agrarias denuncia que esta es una práctica que se registra en todas las denominaciones  «Aquí non hai capacidade de negociación por parte do produtor. Agora sabemos casos de xente á que lle poñen o contrato en branco e lle piden que o firme», insiste González. De prácticas similares tuvieron constancia en la Unión de Agricultores, cuyos responsables se reunieron durante la vendimia pasada con la AICA para denunciar que había viticultores que estaban entregando su uva sin tener un contrato o saber el precio que iban a percibir, y también que se estaban incumpliendo los plazos de pago. Sus denuncias llevaron a la AICA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, a abrir la correspondiente investigación, que ha terminado con un total de 23 expedientes sancionadores, 22 de ellos a bodegas.

Por regiones

La mayoría de las firmas expedientadas tienen su sede en Castilla-La Mancha. Allí, la AICA ha denunciado la actividad de una decena de empresas. Otras cinco se ubican en Murcia, tres en Extremadura y dos en la Comunidad de Madrid. En Cataluña, Aragón y Galicia se ha denunciado a una bodega en cada una de estas regiones. Las sanciones por estos incumplimientos no son baratas y las empresas podrían acabar enfrentándose a una multa de hasta 3.000 euros, o incluso mayor si ya había sido denunciada previamente por esta práctica.

Unións Agrarias, que es conocedora de esta sanción, recuerda que lleva años solicitando que un organismo público se encargue de custodiar los contratos que firman viticultores y bodegueros. «Estamos outra vez na lei da especulación. É moi fácil para unha adega rexistrar o contrato e despois poñerlle o prezo», sostiene. Reclama, al mismo tiempo, que la Consellería do Medio Rural convoque a la mesa del vino. «Deberíamos falar de custes de produción e é necesario que a consellería se implique», argumenta. Sostiene que sigue sucediendo que los viticultores no saben con antelación cuánto van a cobrar por su cosecha y que la ausencia de contratos, o la no inclusión del precio en los mismos, es una práctica que se está dando en todas las denominaciones gallegas. «Este é un tema moi delicado porque cando a uva está madura só queres que a recollan», añade. Por eso aboga por una mayor implicación de Medio Rural y porque se convoquen, de nuevo, mesas de negociación en el sector vitivinícola.

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