La Iglesia indemnizará a las víctimas del cura condenado en Málaga por violaciones pero valora recurrir el fallo
SOCIEDAD
El obispo anuncia que consignará la cuantía de la indemnización, de unos 400.000 euros, sin esperar a que la sentencia sea firme
15 jul 2026 . Actualizado a las 13:54 h.El obispo de Málaga, José Antonio Satué, se ha pronunciado tras la condena al padre Fran, al que la Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto 52 años de prisión por sedar a cuatro mujeres, agredirlas sexualmente y grabar las violaciones. Tras el fallo de la Audiencia Provincial, que declara a la Iglesia responsable civil subsidiaria, Satué ha incidido en que la Diócesis está del lado de las víctimas, motivo por el que pretende consignar las cantidades fijadas para la indemnización en el menor tiempo posible y sin esperar a que la sentencia sea firme. No obstante, también ha avanzado que se está valorando recurrir la condena en lo que respecta a la responsabilidad del Obispado. En este sentido, además de recalcar el compromiso de abonar las indemnizaciones, que sumadas superan los 400.000 euros, ha manifestado: «Somos conscientes de que ninguna reparación puede sanar el daño, pero confiamos en que este gesto pueda hacer que sientan el reconocimiento y la cercanía de la Iglesia».
Según ha asegurado, tras la resolución, se ha dirigido a las perjudicadas a través de una carta que ha enviado esta mañana para comunicarles esta decisión y ofrecerles el apoyo de la Iglesia. De nuevo, ha pedido perdón en nombre de la Diócesis y ha subrayado los hechos reconocidos en la sentencia «nos avergüenzan profundamente». Según ha detallado, en la misiva remitida a las cuatro mujeres se les ofrece formalmente el acceso al Servicio Diocesano para el Acompañamiento Terapéutico y Espiritual, una herramienta que la Iglesia de Málaga pone a su disposición en caso de que consideren que puede serles de ayuda.
De igual modo, Satué ha insistido en su total disponibilidad para mantener un encuentro personal privado con ellas: «Mi deseo es escuchar aquello que quieran compartir, explicarles cómo estamos afrontando estas dolorosas situaciones y buscar juntos caminos que contribuyan a la erradicación de esta lacra del abuso», ha señalado el prelado, incidiendo en el objetivo de construir «una Iglesia y una sociedad más seguras para todos».
Durante su comparecencia, el obispo ha querido dejar claro que el pago de la indemnización —que asciende a una cuantía global de 403.000 euros, repartidos en torno a unos 100.000 euros para cada una de las cuatro afectadas— se realizará de manera definitiva e irrevocable. Esto significa que, aunque los asesores jurídicos del Obispado decidan recurrir la sentencia en lo relativo a la responsabilidad civil subsidiaria, las víctimas podrán disponer del dinero de forma inmediata. La Diócesis, en este sentido, se ha comprometido a no reclamarles la devolución de dichos importes en el hipotético caso de que un tribunal superior rebaje o anule la responsabilidad de la Iglesia.
«Si tenemos que correr un riesgo, es mejor correr el riesgo de equivocarnos a favor de las víctimas», ha aseverado Satué al ser preguntado por los periodistas sobre si el Obispado preveía esperar a que el sacerdote condenado abonara su parte o a que se resolvieran los recursos. Con esta medida, ha insistido en que la institución busca evitar que las mujeres sufran el desgaste de un proceso judicial que podría dilatarse notablemente en el tiempo.
Falta de contacto previo
A preguntas de los medios de comunicación sobre las quejas de las defensas de las víctimas, que aseguraban no haber recibido contactos directos por parte de la Diócesis hasta el momento, Satué ha aclarado que un mes antes de la celebración del juicio ya transmitieron a través de los abogados su plena disposición para mantener un encuentro.
Respecto al tiempo transcurrido desde que se conoció el fallo judicial, hace unos días, el obispo ha argumentado que necesitaban un margen prudencial para analizar la resolución y poder ofrecer una respuesta material concreta: «Hemos tardado cinco o seis días, pero uno necesita el tiempo necesario para tener una respuesta clara cuando una víctima te pregunta «¿y ustedes qué van a hacer?». Cuando hemos estudiado la sentencia y encontrado una respuesta que creemos que puede ser de ayuda, es cuando me he dirigido a ellas».
Asimismo, el obispo ha mostrado su total empatía hacia el dolor y el desgaste emocional de las víctimas tras el proceso judicial, asegurando que no tiene «ningún reproche que hacerles» por el distanciamiento: «Al contrario, lo que hago es pedirles perdón porque han sufrido las consecuencias de un sacerdote». Finalmente, el obispo de Málaga ha reafirmado el firme compromiso de la Iglesia de asumir con la máxima responsabilidad cualquier denuncia y garantizar que las dependencias eclesiales sean «entornos verdaderamente seguros».