Cinco años de eutanasia en Galicia: 154 solicitudes y 59 muertes asistidas
SOCIEDAD
Hasta 44 pacientes fallecieron esperando la resolución de la solicitud
21 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El 12 de enero de 1998, el gallego Ramón Sampedro puso fin a su vida. Tenía 55 años y llevaba 30 postrado en una cama, sin poder moverse. Se había quedado tetrapléjico a los 25, tras zambullirse en el Atlántico de cabeza desde unas rocas de la playa de As Furnas, en Porto do Son. El impacto con la arena fue tal que nunca más pudo mover las piernas y, como él mismo describió en su libro Cartas desde el infierno, se convirtió en «una cabeza sin cuerpo». En 1993, empezó a reclamar públicamente su derecho a morir dignamente abriendo en España un debate, el de la eutanasia, que se alargaría casi 30 años. La prestación no llegaría hasta el 2021. Desde entonces, Galicia ha registrado 154 solicitudes de suicidio asistido. De ellas, 59 culminaron en una eutanasia, según los datos de la Consellería de Sanidade, y 44 quedaron en el limbo; los pacientes fallecieron esperando la resolución.
Es este un procedimiento especialmente complejo, recalca Raquel Vázquez Mourelle, subdirectora general de Atención Hospitalaria y una de las responsables de la implantación de esta atención en Galicia. «Es una prestación importante, pero complicada y muy garantista. Hemos partido de cero, sin apenas saber nada, y nos hemos ido abriendo camino, formándonos y aprendiendo todos juntos», resume. El proceso, que exige la participación coordinada de numerosos profesionales y organismos —en él intervienen médicos responsables, facultativos consultores, equipos asistenciales, direcciones médicas y la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia—, es sin embargo mejorable. Al frente del órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la ley y resolver reclamaciones se encuentra Rafael Monte, que considera que el principal cambio experimentado en estos cinco años ha sido la progresiva consolidación de un derecho todavía reciente. Según explica, tanto el número de solicitudes como el conocimiento de pacientes y profesionales sobre el procedimiento han ido aumentando de forma constante desde el 2021, una experiencia acumulada que ha permitido agilizar los tiempos.
Galicia presenta una duración media de 55 días entre la primera solicitud y la prestación, frente a los 62 de la media estatal. «El proceso, siguiendo todos los plazos, son mínimo 50 días; de ahí no puede bajar», precisa Vázquez Mourelle. La llegada de los expedientes a la comisión se produce en una media de 36 días y las verificaciones se resuelven en poco más de cinco. «Son tiempos muy buenos», valora la experta.
Pese a ello, uno de los principales problemas sigue siendo que muchas solicitudes llegan tarde. Vázquez señala que una parte importante de los pacientes oncológicos inicia el proceso cuando la enfermedad se encuentra ya muy avanzada. «Lo que más se está demandando es, a lo mejor, un cuidado paliativo y llega un poco tarde. En el proceso de solicitud, el paciente ya sufre mucho y no le da tiempo de acabar el procedimiento», explica. Esa realidad ayuda a entender que los pacientes con cáncer sean mayoría entre las solicitudes, pero que finalmente las prestaciones realizadas correspondan con más frecuencia a enfermedades neurológicas.
La ley prevé además un período de reflexión durante el cual el paciente recibe información sobre alternativas terapéuticas y cuidados paliativos, y algunas solicitudes terminan revocándose o aplazándose. Solo en el último año se contabilizaron once revocaciones, lo que supone el 27 % del total de peticiones. A nivel estatal los arrepentimientos fueron el 5,8 % de las solicitudes.
Entre los retos pendientes figura la necesidad de seguir formando a profesionales y ciudadanos; también, aclarar cuestiones que la ley no especifica, como por ejemplo, cita Raquel Vázquez, cuánto tiempo se puede dejar aplazar una solicitud. «¿Tiene caducidad?», se pregunta. La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios es otro aspecto a mejorar, admite la técnica. «Estamos en trámite de un sistema electrónico de registro, ya está en el último procedimiento para poder ser aprobado. Tenemos, sin duda alguna, un infraregistro. Es algo que sí que tenemos que trabajar con los profesionales. Tenemos que sacar un registro que esté más centralizado y más informatizado. Estamos trabajando en eso. Es una tarea pendiente», comenta.
Como ella, Rafael Monte considera que todavía existe un amplio margen para optimizar el conocimiento de los derechos recogidos en la norma y para reducir los tiempos sin perder garantías. También reconoce que la carga burocrática continúa siendo elevada, aunque la considera imprescindible para dotar de seguridad jurídica al procedimiento. Los casos más complejos, dice, son aquellos relacionados con trastornos mentales, dolor crónico o enfermedades no terminales. «Valorar el sufrimiento en pacientes con enfermedades no terminales es complejo», señala. Las solicitudes vinculadas a la salud mental exigen una evaluación especialmente rigurosa, advierten ambos. Para ello, la comisión cuenta con apoyo especializado en psiquiatría.
Un total de 1.668 personas ejercieron este derecho desde que existe la ley
Un total de 565 personas recibieron ayuda para morir en España en el 2025, una cifra que representa el 0,13% del global de los fallecimientos registrados en el país y que equivale a una de cada 750 muertes, según los datos del Ministerio de Sanidad. Desde el 2021, 1.668 personas han ejercido este derecho y se han registrado 3.716 solicitudes de ayuda para morir, 1.284 de ellas en el 2025. Cataluña notificó el año pasado la tasa más alta de solicitudes, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional de 2,61. Le sigue Navarra, con 5,41, y el País Vasco, con 5,13. Luego La Rioja, Baleares, Cantabria y Asturias.
Pacientes neurológicos y oncológicos y, cada vez más, psiquiátricos
Las enfermedades neurológicas y oncológicas continúan siendo las principales causas detrás de las solicitudes de eutanasia registradas en Galicia, aunque en los últimos años han comenzado a aparecer más casos vinculados a problemas de salud mental, un ámbito especialmente sensible para los profesionales encargados de evaluarlos.
Según explica Raquel Vázquez Mourelle, subdirectora general de Atención Hospitalaria de la Consellería de Sanidade, el perfil general de los solicitantes apenas ha variado desde la entrada en vigor de la ley en 2021. Sin embargo, durante el último año se observó un ligero incremento de solicitudes relacionadas con patología psiquiátricas, lo que Vázquez considera que pudo verse influido por la repercusión mediática de algunos casos conocidos a nivel estatal como el de Noelia. Aun así, precisa que no tiene constancia de prestaciones concedidas exclusivamente por este motivo.
Tanto ella como Rafael Monte, presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia, coinciden en que estos expedientes son los más complejos de analizar. La dificultad no se limita a valorar el sufrimiento de la persona, sino también a determinar si conserva plenamente la capacidad para tomar una decisión libre y consciente. «Ninguna decisión se toma sin darle muchas vueltas, confrontando informes y revisando todos los datos», subraya Monte.
La complejidad también afecta a pacientes con dolor crónico o con múltiples enfermedades que, sin encontrarse en situación terminal, consideran intolerable su sufrimiento. En estos supuestos, la comisión debe interpretar cuidadosamente los requisitos legales y clínicos establecidos por la norma.
Pese a estas dificultades, los responsables del sistema insisten en que todas las solicitudes son sometidas a las mismas garantías. El objetivo es asegurar que la decisión responda exclusivamente a la voluntad del paciente y que se adopte tras un proceso de evaluación exhaustivo, especialmente en aquellos casos donde la frontera entre el sufrimiento clínico, la salud mental y la capacidad de decisión resulta más difícil de delimitar.