Carmen Calvo presiona al PSOE en el Consejo de Estado para abolir la prostitución y los vientres de alquiler
SOCIEDAD
La presidenta del Consejo de Estado exige «coherencia» al Gobierno y urge a superar el bloqueo legislativo para calificar la explotación sexual como «violencia contra las mujeres»
10 mar 2026 . Actualizado a las 17:33 h.«La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua». La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha reclamado así una mayor «coherencia» al Estado para avanzar de forma decidida en la agenda abolicionista, situando la integridad del cuerpo de las mujeres como uno de los ejes centrales de los derechos humanos en el siglo XXI. En una intervención que refuerza la presión sobre los compromisos legislativos del PSOE, de acabar con este tipo de prácticas, ha instado a superar la «hipocresía» normativa y a calificar explícitamente la prostitución como una forma de «violencia contra las mujeres». Asimismo, ha alertado sobre la necesidad también de acabar con los vientres de alquiler, entre otros motivos por ser un mercado que, a su juicio, se lucra con la vulnerabilidad de las mujeres «más pobres».
Estas declaraciones de Calvo, en el marco del acto que el Consejo de Estado ha organizado por el 8M y que ha contado también con la presencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, llegan en un momento en el que la abolición de la prostitución se encuentra en un impasse. La proposición de ley socialista para castigar el proxenetismo y multar a los clientes continúa siendo un asunto en el que no logra alcanzar el acuerdo con sus socios habituales de investidura. Mientras el PSOE insiste en que su normativa es la única vía para garantizar la liberación real de las mujeres, desde Sumar, ERC y EH Bildu mantienen su veto, al considerar que, sin un plan de inserción sociolaboral, llevaría a las mujeres a una mayor clandestinidad.
Ante el estancamiento de la ley abolicionista del PSOE, y pese a los intentos del año pasado del Ministerio de Igualdad de realizar enmiendas a la ley del solo sí es sí y en la normativa en la que el Ejecutivo trabaja contra la trata, Calvo ha reivindicado que el Estado tiene un imperativo ético que debe proyectar sobre el binomio de «compra y venta» para evitar que la precariedad de las mujeres más pobres siga siendo el motor de los mercados de la trata y la prostitución. Con este planteamiento, la dirigente sitúa la abolición no como un debate sectorial, sino como el paso definitivo para que la democracia española deje de ser «neutral» ante las formas más antiguas de explotación.
La «coherencia» reclamada por Calvo al Gobierno también se refería a la gestación subrogada. En este sentido, el año pasado estuvo marcado por la aplicación de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica, que puso fin a la inscripción automática en el Registro Civil de menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero. Y aunque a nivel nacional, la legislación persigue este tipo de prácticas y cada vez añade más trabas para evitar que haya quienes, en un intento de burlar la normativa, acudan a países extranjeros, la presidenta del Consejo de Estado ha defendido la prohibición total de estas prácticas, «circule lo que circule en el panorama internacional», blindando el cuerpo de la mujer frente a lo que define como una violencia inaceptable en un sistema democrático.
El «gazapo» de la educación sexual y la desprotección de las menores
Más allá de las medidas abolicionistas, el acto puso el foco en la creciente vulnerabilidad de las niñas ante las nuevas formas de violencia, haciendo referencia a lo que ocurre en entornos digitales. Calvo se ha referido al plan impulsado desde el Ejecutivo para prohibir el acceso de los menores a las redes sociales antes de los 16 años y obligar a implementar sistemas de verificación de edad reales para impedir el consumo de pornografía, una medida que, según ha expuesto, podría atajar lo que ha denominado como el «gazapo» del sistema. Es decir, la contradicción de educar en igualdad en las aulas y en los entornos familiares, al tiempo que los algoritmos y los formatos digitales operan en sentido contrario. «Mientras no toquemos los formatos de sexualidad [digitales], no estamos haciendo nada», advirtió la presidenta del Consejo de Estado, subrayando que la falta de intervención en la red deja a las niñas expuestas a una educación sexual basada en la dominación y el mercado.
Este desafío educativo también tiene su reflejo en una realidad judicial que la Fiscalía General del Estado califica de alarmante. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, denunció que, en la actualidad, «se está obviando la perspectiva de género en el caso de las niñas», a pesar de que estas sufren manifestaciones de violencia sexual idénticas a las de las mujeres adultas, pero con un impacto mucho más devastador por su edad. Peramato incidió, contradiciendo a dos dictámenes del Tribunal Supremo, en la necesidad de que la justicia entienda que «las niñas también son mujeres» a efectos de protección, criticando que todavía existan resistencias judiciales para tratar estos abusos sexuales bajo la competencia de juzgados especializados y no como delitos comunes en juzgados de instrucción.
La urgencia de esta reclamación se apoya en los datos de infradenuncia que maneja el Ministerio Público. Peramato ha explicado que solo «entre el 21 % y el 25 % de las víctimas de violencia de género llegan a denunciar», una cifra que se vuelve todavía más opaca cuando se trata de menores y entornos digitales. Ante este escenario, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, ha defendido que la perspectiva de género debe ser el «enfoque metodológico» obligatorio para que los jueces puedan detectar situaciones de desigualdad que, de otro modo, quedarían ocultas tras prejuicios históricos. La meta, según las ponentes, es evitar que la «revolución digital» se convierta en un espacio de impunidad donde la falta de una legislación adaptada deje a las niñas en una situación de desamparo frente a sus agresores.
Por su parte, Armengol ha situado el debate en la salud del sistema parlamentario, defendiendo que la presencia de las mujeres en las instituciones no es solo una cuestión de justicia, sino de supervivencia democrática y ha lanzado una advertencia sobre la desconexión de las nuevas generaciones con este movimiento: «Debemos combatir la idea de que el feminismo es un problema para los jóvenes», ha señalado. Por ello, ha insistido en que las instituciones deben ser «ejemplares» y permeables a los cambios sociales para frenar este retroceso.