El covid persistente y la celiaquía son consideradas enfermedades crónicas
SOCIEDAD
Sanidad denunciará a las comunidades que incumplan la ley del aborto
05 jul 2025 . Actualizado a las 08:55 h.El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a pesar de los desencuentros políticos entre el ministerio y las comunidades alimentados ya desde la víspera, aprobó 11 acuerdos «por unanimidad», tal como quiso subrayar la ministra Mónica García. Y entre esas cuestiones estaba el Plan Operativo 2025-2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, en el cual se incluyen el covid persistente, la celiaquía, la poliomielitis y el dolor crónico no oncológico.
En el caso de los celíacos, el objetivo es «mejorar el diagnóstico precoz y la formación [...] para garantizar un adecuado control de la enfermedad y una adherencia efectiva a la dieta sin gluten». Para la poliomielitis la propuesta es una atención integral tanto de las personas con secuelas de polio como a las que tienen síndrome pospolio. Y en cuanto al covid persistente, lo que van a hacer Sanidad y las comunidades es «establecer circuitos asistenciales específicos y protocolos de seguimiento multidisciplinar» para dar «una respuesta adaptada, integral y basada en la evidencia».
Para la luguesa Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Red Española de Investigación en Covid Persistente (Reicop), la incorporación a este plan supone dar por fin «visibilidad y atención a un problema» que hasta ahora no las tenía. Formar parte de él supone que se tratará a los pacientes «de una forma reglada, como en cualquier proceso de larga duración». Por eso, aunque Reicop aplaude el reconocimiento del ministerio, también pide que se pase a la acción para que los pacientes, que se estima que son aproximadamente el 10 % de los que pasaron la fase aguda de la enfermedad, reciban la atención que necesitan.
Al margen de los acuerdos, había otros dos temas que, aunque no estaban en el orden del día, orbitaron alrededor del Consejo Interterritorial, como eran la nueva ley de medicamentos y el cumplimiento o no de la ley del aborto por parte de algunas comunidades. En la previa, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, les envió una carta a los consejeros para exigir respeto a la normativa y para anunciar actuaciones en caso de que detecten alguna vulneración. Es más, en el comunicado hecho público se afirma que «muchas mujeres siguen encontrando barreras (geográficas, administrativas u organizativas) que dificultan el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud». Incluso adelantaba que el ministerio «valorará el inicio de procedimientos legales frente a aquellas comunidades autónomas que no estén garantizando este derecho conforme a lo establecido por la ley».
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, del PP, fue el encargado de salir al paso para asegurar que todas las comunidades cumplen escrupulosamente la ley. Calificó el tono de la carta de Sanidad de «absolutamente inadecuado e impropio de un país democrático como España». Llegó incluso a decir: «Esto es muy propio del ministerio que tenemos y, verdaderamente, la verdad es que causa cierto espanto». De ahí que la ministra defendiese «la necesidad de hacer ese informe porque lo mandata la ley», igual que determina que tiene que ser «la alta inspección la que vigile que la ley se cumple». Por eso, aunque no dijo qué comunidades están incumpliendo, dio a entender que algunas ni siquiera les estaban remitiendo los datos preceptivos para hacer los informes. «¿Qué podemos hacer cuando una comunidad incumple la ley? Pues exigirle que la cumpla, lo primero, visibilizar que no la está cumpliendo. Por eso necesitamos la colaboración de las comunidades para que nos envíen los datos y podamos hacer ese informe para saber qué comunidades lo están haciendo bien y cuáles son las que pueden aprender de ellas».
En cuanto a las quejas de falta de participación de las autonomías en la ley de los fármacos, Mónica García dijo que se han celebrado ya más de 80 reuniones técnicas y que en septiembre quiere llevar la norma al Consejo de Ministros en segunda vuelta.
A partir de ahí, aunque su apuesta es por una mayor progresividad en el copago, asegura que todo quedará abierto «al debate parlamentario».
Tres centros de referencia para atender a personas transexuales
Otro de los acuerdos del Consejo Interterritorial implica una actualización del catálogo de procedimientos y patologías que requieren atención especializada en centros, servicios y unidades de referencia (CSUR). En él se incluye a las personas transexuales y con desarrollo sexual diverso, para proporcionar una respuesta sanitaria «integral» con la diversidad de género.
Esta medida servirá para garantizar una atención «integral» a estas personas, y especialmente en aquellos casos «más complejos» que requieran de un alto nivel de especialización, todo ello bajo los principios «fundamentales» de no patologización, de respeto a la autodeterminación de género y la autonomía de las personas, según la ministra Mónica García, para quien se trata de «un paso muy importante».
Ampliadas las terapias avanzadas a las que tendrán acceso los pacientes
El CISNS aprobó el Plan de Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud, un nuevo modelo que garantizará el acceso equitativo en todo el territorio a los tratamientos más innovadores, más allá de las CAR-T.
El nuevo plan extiende el vigente desde el 2018, que estaba restringido únicamente a las CAR-T —tratamientos oncológicos avanzados que implican la modificación genética de las células del propio paciente—, a las terapias genéticas, celulares y tisulares. Con el primero, cuyo resultado «ha sido muy positivo hasta la fecha», más de 2.000 pacientes han podido beneficiarse de estos tratamientos, según dijo Mónica García, para quien este plan contribuirá a mejorar la coordinación y la eficacia.