Año y medio después de aprobarse la ley del aborto, Sanidad anuncia un protocolo para el registro de objetores
SOCIEDAD
Solo cinco comunidades cuentan con la lista de médicos exigida; el resto se ampara en la ausencia de un sistema unificado. Desde la Xunta insisten en que el Gobierno central debe definir los aspectos básicos para su desarrollo, tal y como recoge la norma
30 sep 2024 . Actualizado a las 17:20 h.Hace casi año y medio que entró en vigor la nueva ley del aborto, una reforma que, entre otras cosas, estipulaba la creación de un registro de médicos objetores en cada comunidad para que, con esa información, los gobiernos autonómicos pudiesen administrar eficientemente los recursos humanos de sus hospitales y garantizar así la atención a todas aquellas mujeres que tuviesen o quisiesen interrumpir un embarazo. A día de hoy, solo cinco comunidades han hecho los deberes: La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias.
La objeción de conciencia es un derecho individual recogido en la Constitución, por lo que cualquier profesional sanitario puede acogerse a ella y negarse a practicar este tipo de intervenciones, pero el aborto es una prestación sanitaria incluida en el sistema público de salud: toda mujer tiene que tener la posibilidad de poner fin a una gestación y de hacerlo, además, en el hospital más cercano a su casa.
El registro de objetores está concebido, por tanto, como una herramienta administrativa para asegurar que ningún centro carece de médicos y enfermeros dispuestos a llevar a cabo esta práctica, pero las autonomías remolonas dicen que no se han consensuado unos criterios comunes para su elaboración. Precisamente este lunes, el Ministerio de Sanidad anunció que ya tiene listo el borrador del protocolo del registro y que antes de que acabe el año será presentado ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Consultada al respecto, la Xunta de Galicia mencionan el artículo 19 de la ley, que hace referencia explícita al citado protocolo. Su apartado tres recoge, efectivamente, la necesidad de acordar en el seno del Interterritorial las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación del registro de objetores. «Cómpre lembrar que na actualidade este protocolo específico non foi desenvolvido, polo que, ata o momento, non se atopan definidos polo Ministerio os aspectos básicos para o seu desenvolvemento», subraya la Consellería de Sanidade. «Con todo —añade—, a obxección de conciencia dos profesionais da sanidade pública galega está asegurada desde o inicio da lei, no 2010, podendo ser exercida sen que supoña un problema para levar a cabo o cumprimento da lei e garantindo o acceso á interrupción voluntaria do embarazo en toda a sanidade pública de Galicia».
Sostiene el Gobierno gallego que, además, las gerencias de las áreas sanitarias tienen pleno conocimiento de los profesionales objetores, lo que permite la organización de la asistencia y garantiza la realización de abortos en centros públicos de toda la comunidad. «A situación actual e ben distinta da de anos anteriores, sendo asumidas a práctica totalidade das interrupcións voluntarias de embarazos a nivel público. Os poucos casos que foron derivados a centros concertados limitáronse a cuestións organizativas puntuais ou fundamentalmente a peticións expresas da muller».
Según los datos de la consellería, en el 2022 el 68 % de los abortos gallegos se llevaron a cabo en hospitales públicos, porcentaje que aumentó hasta el 76 % en el 2023. La tendencia se acentúa en el primer semestre de este año, con el 93 % de las interrupciones voluntarias de embarados realizadas en centros públicos.
«Un vacío legal»
«El borrador [del protocolo para el registro de objetores] viene a cubrir un vacío legal en el que se estaban amparando algunas comunidades y algunos hospitales para no cumplir la ley y que los abortos no se realicen en la sanidad pública», subrayó este lunes la ministra, que precisó que, en cuanto lo tenga, lo enviará a todas las comunidades y que el objetivo final será «tener una imagen real de los objetores en España respecto a la interrupción voluntaria del embarazo».
Respecto a los plazos previstos para tener el registro aprobado, la ministra reiteró que «está pendiente llevarlo a las comunidades, consensuarlo y dar salida a la ley» para, insistió, «cubrir ese vacío legal que está impidiendo que en algunas regiones las mujeres no puedan ejercer su derecho al aborto libre y seguro en la sanidad pública».