Sanidad quiere eximir del pago de prótesis y sillas de ruedas a los más vulnerables
SOCIEDAD
Serán los mismos seis millones de personas que desde 2021 no abonan medicinas: parados, pensionistas de bajos ingresos, familias con escasos recursos y menores discapacitados
24 sep 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno tratará este otoño de llegar a un pacto con sus socios parlamentarios para sacar adelante lo antes que sea posible el proyecto de ley que incluye una batería de reformas para consolidar la equidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Si el texto logra la aprobación final del Parlamento, uno de los puntos con mayor repercusión directa en la vida de los ciudadanos será el contenido del artículo tercero de la norma. Esta disposición eximirá a más de seis millones de españoles de cualquier copago en la adquisición de prótesis y de otros productos e instrumentos necesarios para afrontar situaciones de discapacidad, tanto temporales como permanentes, como son las sillas de ruedas o los audífonos.
Los beneficiarios de esta modificación legal impulsada por el Ministerio de Sanidad serían los ciudadanos pertenecientes a los colectivos más vulnerables de la sociedad española, los mismos a los que desde hace ya tres años y medio largos, desde el 1 de enero de 2021, el Gobierno liberó de cualquier copago en la adquisición de los medicamentos que les recetan los médicos de la sanidad pública.
Los españoles que quedarán exentos de estos copagos si la ley se aprueba en los términos actuales son los pensionistas cuyos ingresos anuales no superen los 5.635 euros de base liquidable en la Declaración de la Renta y los que, de hecho, no tienen que pagar IRPF alguno ni hacer declaración por tener unos ingresos de menos de 11.200 euros anuales. Con la misma exención contarán las familias de los menores afectados por una discapacidad del 33 % o superior; los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o de rentas de integración autonómicas; y los perceptores de la prestación no contributiva por hijo o menor a su cargo. El cuadro de los exentos lo completarán los parados sin subsidio ni prestación, los perceptores de pensiones no contributivas y algunos perfiles muy concretos de enfermos.
Copagos El resto de segmentos de la población española, al menos por ahora, no verá modificados los copagos que en la actualidad debe abonar tanto por la adquisición de fármacos como de productos ortoprotésicos. Si son pensionistas con ingresos de hasta 18.000 euros anuales pagarán el 10 % (con un tope de 8,23 euros), si su renta está entre 18.000 y 100.000 euros abonarán el 10 %, pero con un tope de 18,52 euros, y si perciben más de esa cantidad entregarán el 60 %, con un tope de 60 euros. Entre los trabajadores y sus familias no hay topes. Los que ganen hasta 18.000 euros abonarán el 40% de las medicinas o prótesis, los que ingresan de 18.000 a 100.000, el 50%, y los de rentas más altas, el 60%.
La exención del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables se aplicará a todo tipo de prótesis externas, como las de extremidades, articulaciones, cara o boca; a las órtesis, las estructuras correctoras de columna, manos o pies; al calzado ortopédico; a las sillas de ruedas, andadores, muletas o bastones; y a elementos como pueden ser los vendajes de compresión o los audífonos, entre otros.
Este proyecto de ley, que aún no ha iniciado su tramitación real en el Congreso, pues está pendiente de su admisión a trámite por la mayoría del pleno para iniciar el proceso de enmiendas, prevé, en caso de aprobarse, una aplicación casi instantánea. Entraría en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.
Con esta reforma legal el Gobierno quiere terminar de desmontar los decretos de recortes de financiación y servicios públicos aprobados en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que, entre otras medidas, ampliaron los copagos tanto de medicamentos como del transporte sanitario o los productos protésicos. De hecho, este proyecto de ley forma parte de un trío de normas enviado este año por el Consejo de Ministros al Congreso, que pretende terminar con la mayoría de los recortes al derecho a la atención sanitaria universal y con las posibilidades de gestión privada de la sanidad pública o de privatización de servicios que autorizaron aquellos decretos del PP de hace doce años.