La condenada por el robo de vinos en el restaurante Atrio acuerda cambiar la pena de cárcel por expulsión del país
SOCIEDAD
Los dos coautores del delito sustrajeron 45 botellas valoradas en 1,6 millones de euros de una de las bodegas más cotizadas del mundo
20 ago 2024 . Actualizado a las 20:02 h.La Audiencia Provincial de Cáceres ha acordado la expulsión del país por siete años para una de los dos ladrones de vino del restaurante Atrio de la capital cacereña, Priscila Guevara, en sustitución de lo que le resta de pena de cárcel, unos dos años por ser coautora de un delito de robo con fuerza.
Según su abogado Juan José Collado, la expulsión es «inminente» y se hará efectiva en días o semanas, ya que el tribunal cacereño ha enviado los oficios a la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional y al Centro Penitenciario de Cáceres para que se haga de manera inmediata, ha dicho en declaraciones a Efe.
Esta sustitución de la pena también se ha solicitado para el otro condenado por el robo en Atrio de 45 botellas valoradas en 1,6 millones de euros en octubre del 2021, Constantin Dumitru, petición que aún no ha obtenido respuesta.
Constantin Dumitru y Priscila Guevara fueron condenados a cuatro años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, por un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público de especial gravedad, según la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en enero.
Esta obliga a los condenados a indemnizar a Reale Seguros Generales con los 753.454 euros que la aseguradora abonó en su día a la empresa propietaria de Atrio por la póliza que tenía concertada.
La bodega del restaurante Atrio es una de las más cotizadas del mundo y en la carta de vinos del restaurante se presentan más de 4.500 referencias de diferentes caldos con los que marinar el menú de un local galardonado con tres estrellas Michelin.
Según el auto de la Audiencia Provincial, la Subdelegación del Gobierno en Cáceres ya acordó en abril la expulsión de Priscila por diez años; sin embargo este expediente administrativo no puede interferir en una sentencia condenatoria, por lo que su abogado pidió su sustitución basándose en el artículo 89 del Código Penal.
«Si vuelve en siete años la obligarían a cumplir el resto de la pena, pero, más adelante, en cinco años supongamos, se podría replantear», ha relatado Collado a la vez que ha recalcado que «una vez que (Priscila) atraviese la frontera de España, es una ciudadana libre».