Multa por llevar al perro sin microchip: 500 euros por la ley gallega y 10.000 con la de bienestar animal
SOCIEDAD
La Xunta reclama al Gobierno que revise las sanciones de la nueva normativa, que considera desproporcionadas
22 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta reclama al Estado que revise y modifique «cuanto antes» el régimen sancionador recogido en la Ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que entró en vigor el pasado 29 de septiembre, al asegurar que las multas son «desproporcionadas» y que la norma suscita «numerosas dudas, quejas y consultas en la Comunidad relacionadas con su alcance y su aplicación práctica».
En un comunicado, la Xunta ha explicado que así se lo ha trasladado este martes la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, a los técnicos del departamento de Derechos de los Animales del Estado, con los que ha mantenido una videoconferencia para intentar clarificar aspectos de la norma sobre los que la Administración autonómica ya había mostrado su preocupación por escrito en las últimas semanas. Además, había pedido una reunión para poder abordar el contenido.
Desde el punto de vista administrativo, do Campo ha explicado que una de las principales preocupaciones de la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda son las nuevas sanciones fijadas en la ley estatal ya que, en algunos casos, las cuantías establecidas son «desproporcionadas» y poco acordes con los importes establecidos en el resto del marco normativo sectorial vigente.
A modo de ejemplo, ha indicado que la sanción por tener un animal de compañía sin microchip es una infracción grave, perseguida con 10.000 euros, mientras que por el mismo motivo la legislación sectorial gallega establece una multa de 500 euros. Además, ha recordado que el marco normativo que regula en España la tenencia de animales potencialmente peligrosos considera «muy grave» ser propietario de un perro de este tipo sin contar con la perceptiva licencia, fijando una sanción económica de 2.400 euros.
Por lo expuesto, do Campo ha insistido en la importancia de «armonizar» el régimen sancionador al resto de la normativa estatal y autonómica vigente, modulando los importes de los diferentes tipos de infracciones de forma que sean «acordes y proporcionales» a los propios hechos que persiguen.
Tras indicar que en las últimas semanas su departamento recibió numerosas llamadas y consultas por escrito sobre la nueva ley, la directora xeral ha aprovechado la reunión para exponer aspectos que preocupan a particulares con mascotas, entidades protectoras, ayuntamientos, veterinarios y criadores, entre otros colectivos afectados por los cambios.
En este sentido, ha explicado que la mayoría de las consultas recibidas están relacionadas con la incineración de las mascotas y la posibilidad de enterrar sus restos, la identificación inicial de los animales de compañía y el procedimiento para comunicar una baja, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil o la falta de concreción con relación a las especies exóticas hasta la aprobación definitiva del listado correspondiente.
CLUB DE RAZA CAN DE PALLEIRO
Asimismo, Belén do Campo se ha referido a la inquietud con la que fue recibida la norma por parte de determinados colectivos y entidades. En concreto, ha mencionado el caso del Club de Raza Can de Palleiro, que en la asamblea celebrada el pasado fin de semana expuso su preocupación por las posibles implicaciones de la ley en el futuro de esta raza autóctona.
Sobre este punto, ha dicho que las nuevas obligaciones relativas a la inscripción en el registro de criadores y de animales reproductores (también en el caso de la cría no comercial y puntual) podrían tener un impacto negativo en la evolución de los ejemplares de can de palleiro, una raza considerada en peligro de extinción y que, según la entidad, experimentó en los últimos meses una tendencia descendente en cuanto a número de camadas y de nacimientos, que temen que se agrave por las nueva ley.
Al respecto, la Xunta ha señalado que los técnicos estatales, en todo caso, mostraron su disposición a fijar «excepciones» a determinadas obligaciones en el caso de las razas autóctonas y, de hecho, indicaron que ya se mantienen contactos a nivel nacional con este sector. Además, se han comprometido a convocar nuevas reuniones de trabajo para aclarar y resolver las dudas expuestas.