Uno de cada tres estados de EE.UU. ha retrocedido en la protección del aborto

El 24 de junio del año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos se enmendó a sí misma por primera vez desde el siglo XIX. Lo hizo para revocar la sentencia del conocido caso Roe contra Wade, lo que en la práctica supuso acabar con el paraguas federal que protegía el derecho al aborto desde enero de 1973. Hasta 1992 funcionó la norma de los tres trimestres de embarazo. En el primero, no se podía prohibir el aborto en absoluto; en el segundo, se exigían regulaciones sanitarias, y, en el último, solo estaba justificado para salvar a la madre. Posteriormente se empezó a aplicar el criterio de la viabilidad del feto, definida por los propios jueces como «probabilidad razonable de supervivencia sostenida del feto fuera del útero». Sin embargo, en junio del 2022 la Corte Suprema, de mayoría ultraconservadora merced a los nombramientos de Donald Trump, determinó que la Constitución de los Estados Unidos, que fue redactada en 1787, «no hace ninguna referencia al aborto» y todo ha quedado en manos de los parlamentos y los gobiernos de los estados, el equivalente de las comunidades autónomas en España, salvando las distancias.

Aunque algunos ya hicieron sus pinitos antes, como en el caso de Texas, a partir de este fallo judicial se han empezado a suceder las reformas legales, siempre con un carácter regresivo en cuanto a la protección del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, aunque muy deslavazadas, poniendo el límite de la prohibición en las seis semanas, las quince semanas... o tratando de vetarlo incluso en los casos de incesto y violación.

Según el recuento que lleva el diario The New York Times, 19 de los 50 estados que componen el país, algo más de uno de cada tres, han dictado normas en contra del aborto. De ellos, y de la propia sentencia del Supremo, se ha derivado una fractura social y la proliferación de casos en los que incluso se pone en peligro la vida de las mujeres.

Tampoco se trata de una problemática enteramente nueva. El año antes de decaer Roe contra Wade, la ONG Planned Parenthood documentó centenares de intentos por revertir el derecho al aborto. Se presentaron iniciativas en ese sentido en 47 de los 50 estados. Pero ha sido ha raíz del giro ultraconservador del Supremo cuando se empezaron a suceder historias más propias de dictaduras teocráticas del tercer mundo o de ficciones televisivas distópicas como El cuento de la criada. 

Violación a los 10 años

Las investigadas son las doctoras. Ohio tardó apenas unas horas desde la sentencia de la Corte Suprema para aprobar una de las leyes más restrictivas. Dos semanas después, a mediados de julio del 2022, se desveló que Gerson Fuertes, un inmigrante sin papeles de origen guatemalteco, había violado al menos en dos ocasiones a una niña de 10 años, que quedó embarazada. Estaba de seis semanas y tuvo que viajar al vecino estado de Indiana para abortar. Allí, el fiscal general, Todd Rokita, abrió una investigación contra la doctora que la atendió. Hasta el presidente Joe Biden se hizo eco de lo ocurrido.  

Inmadura a los 16

Incapaz para abortar y preparada para ser madre. En Florida, que, aprovechando la sentencia, rebajó el plazo para abortar de las 24 a las 15 semanas, la Corte de Apelaciones impidió abortar a una menor de 16 años. La adolescente, sin padres y que vive con un familiar, le explicó al tribunal que no estaba «lista para tener un bebé» porque aún no había acabado el colegio, no tenía trabajo y el padre de la criatura tampoco le podía ayudar económicamente. Los jueces determinaron que no era lo «suficientemente madura» para someterse a un aborto. No se pronunciaron sobre si lo era o no para dar a luz.

las amigas

Demandadas por homicidio culposo. El estado de Texas, uno de los más restrictivos, colecciona casos llamativos. Uno de los últimos y más mediáticos lo protagonizó el pasado marzo Marcus Silva, que demandó a tres amigas de su exmujer por facilitarle información y acceso a pastillas abortivas. Las acusa de «homicidio culposo», mientras que ellas le han devuelto la demanda y le piden un millón de dólares por exponerlas públicamente.

Los chats de Facebook

Conversación privada de madre e hija. En Nebraska, donde la semana pasada se aprobó la limitación del aborto a las 12 semanas de gestación, la policía intervino en un caso que se pudo probar a través de las conversaciones privadas de Jessica Burgess, de 41 años, con su hija Celeste, de 17, a través de Facebook. Mensajes que facilitó la propia compañía, apremiada porque se investigaba la muerte de un bebé. Así se pudo comprobar cómo hablaban de comprar las pastillas y cómo la madre ayudó a la joven a enterrar el feto.

  

Bebé sin parte del cráneo

«Daré a luz para enterrarlo». Nancy Davis, una mujer de Luisiana embaraza de 10 semanas, fue informada de a que al feto que gestaba le faltaba la parte superior de la cabeza, con lo que, como mucho, podría sobrevivir unos minutos fuera del útero. Le denegaron el aborto porque su propia vida no estaba en peligro. «No hay nada que quisiera más que tener este bebé. Es doloroso saber que daré a luz para enterrarlo». Pero también se cuestionan los abortos espontáneos, como el de una mujer identificada como Amanda por The New York Times, que relató que pasó «48 horas de agonía en una bañera, sola y aterrorizada».

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