La ley contra el racismo que plantea Igualdad tiene a esta alturas complicado salir adelante en esta legislatura
SOCIEDAD
El ministerio quiere que su propuesta llegue en primera vuelta al Consejo de Ministros «cuanto antes»
26 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Quedan apenas seis meses de legislatura, con el verano por delante, lo que se traduce en cuatro porque los diputados se van de vacaciones todo julio y agosto. Teniendo en cuenta que el mandato del Congreso concluye cuatro años después de las últimas elecciones y que las Cortes deben disolverse 25 días antes, el 16 de octubre se congelaría la actividad parlamentaria, y eso si se apuran al máximo el plazo de convocatoria de elecciones. En la práctica: dos meses escasos para tramitar las leyes pendientes —la de equidad, la del tabaco, la de familias o la ley para abolir la prostitución—, a la que el Ministerio de Igualdad pretende ahora sumar una norma contra el racismo. El departamento de Irene Montero quiere que su propuesta llegue en primera vuelta al Consejo de Ministros «cuanto antes».
Los gritos a Vinicius el pasado domingo, justo antes de que diese comienzo el partido entre el Valencia y el Real Madrid, han reabierto el debate sobre la necesidad de castigar por ley el racismo en todas sus formas, no solo en el ámbito deportivo, donde ya está regulado. Igualdad lleva un año trabajando en una ley orgánica que ahora insta a su socio de Gobierno a acelerar y que, entre otras cosas, propone sancionar las conductas de discriminación racial, mejorar la atención a las víctimas, luchar contra los discursos de odio en las redes sociales o poner en marcha protocolos contra el acoso racista en los colegios e instituto.
Hace ahora un año que las Cortes aprobaron la Ley de Igualdad de trato y no discriminación, publicada en el BOE el 13 de julio, una norma aborda la materia de manera transversal y que, según el ministerio de Irene Montero, «no alcanza a incidir en algunos rasgos distintivos y características específicas de la discriminación racial y de las formas conexas de intolerancia», tal y como se expone en la consulta pública previa a la elaboración del nuevo proyecto, que se cerró hace ya meses. Desde entonces la iniciativa no ha dado ningún paso más y a estas alturas de la legislatura juristas expertos dudan de que vaya a salir adelante antes de la cita con las urnas para elegir presidente del Gobierno.
«Es bastante complicado, no solo por el trámite parlamentario, sino porque además un proyecto de ley exige una serie de trámites administrativos previos», valora Luis Míguez Macho, catedrático de Derecho Administrativo en la USC. Explica que hay otras vías, pero no ve clara ninguna: la de urgencia, la proposición de ley a través del el grupo parlamentario que permite ahorrarse las gestiones administrativos previos o la modificación de la actual ley contra el racismo en el deporte —aprovechando la tramitación de cualquier otra ley puede modificarse y ampliarse una norma ya existente—. Esta última opción sería el camino más rápido, pero no serviría si se quiere hacer una ley orgánica propia. «Es plazo demasiado apurado», subraya Míguez.
El teléfono 021 atiende a víctimas de discriminación
Solo el 18,2 % de las personas que sufren discriminación racial presentan alguna queja, reclamación o denuncia, según datos del Ministerio de Igualdad. Creen que no va a servir de nada o minimizan lo sucedido. Para atender a estas víctimas, el Gobierno ha puesto en marcha el teléfono gratuito 021, al que también pueden acudir quienes conozcan casos y necesiten asistencia. La línea está orientada a realizar las averiguaciones necesarias para determinar en qué circunstancias se produjo el incidente, dar asesoramiento jurídico, aportar servicios de mediación para resolver conflictos, ayudar en la redacción de escritos de carácter jurídico para reparar y restaurar los derechos vulnerados e informar de recursos sociales existentes.