En todos los hospitales públicos gallegos menos en dos se puede abortar hasta la semana 22
SOCIEDAD
Con respecto al registro autonómico de objetores, desde Sanidade dicen que están a la espera del protocolo del Consejo Interterritorial de Salud que especifica las condiciones
24 may 2023 . Actualizado a las 17:08 h.La reforma de la ley del aborto entró en vigor el pasado 2 de marzo. Casi tres meses después, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha exigido por carta a cada una de las comunidades que cumplan «urgentemente» con lo dispuesto en la nueva norma para garantizar que toda mujer, que así lo desee o lo necesite, pueda interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación en el hospital público —con servicio de ginecología— más cercano a su casa.
Los gobiernos regionales deben asegurarse de que cada uno de estos centros cuenta con suficientes médicos no objetores; de no ser así, tendrán que contratar los facultativos necesarios para ello, insta el documento enviado por Montero. La ley es «clara», insiste el ministerio, y plantea la creación de un registro de objetores en cada autonomía, algo que todavía no se cumple en todas las regiones. Para acabar con las negativas colectivas en un hospital o en toda una autonomía, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia pasa a ser individual, por escrito, previo y registrado.
«La ley es de obligado cumplimiento, sin excusas. No cabe la rebelión de los gobiernos antifeministas, como Castilla y León o Madrid, ni la inacción de gobiernos como Castilla La Mancha», señaló la ministra a través de Twitter. La comunicación oficial se produce en plena campaña de las elecciones municipales y autonómicas y solo unos días después de que el Tribunal Constitucional, con más de una década de retraso, haya desechado el recurso del PP contra la ley de plazos impulsada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, de paso, haya certificado el derecho al aborto libre y gratuito de todas las españolas.
Solo el 21 % de los casi 100.000 abortos que se practican al año en España se hacen en hospitales públicos, detalla la agencia Colpisa. El grueso se hace en clínicas concertadas. Según algunos datos históricos oficiales, en nueve provincias, sin sumar Ceuta ni Melilla, nunca se ha realizado una interrupción voluntaria de embarazo desde que Felipe González las despenalizó en 1985 en tres supuestos; en otras tres no los ha habido al menos en los últimos cinco años. Una región del tamaño de Madrid, con casi siete millones de habitantes, no hace ni un solo aborto voluntario en sus 38 hospitales públicos, según los registros del Ministerio de Sanidad.
La situación en Galicia
Actualmente, todos los hospitales de la red pública gallega realizan interrupciones voluntarias de embarazos hasta la semana 22 de gestación menos el de O Salnés y el de Barbanza que, por criterios organizativos de los servicios de ginecología, derivan a las pacientes a los centros hospitalarios de cabecera de sus respectivas áreas sanitarias, explican desde la Consellería de Sanidade.
Los de menos de 14 semanas pueden realizarse bien en un centro público —de orientación familiar en casos de intervenciones farmacológicas y en hospitales si es un aborto clínico—, bien en una clínica concertada autorizada, cuya factura asume la Xunta de Galicia. En ningún caso la mujer paga los gastos.
Entre las semanas 14 y la 22, la ley solo permite interrumpir voluntariamente un embarazo si hay grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, o si se detectan graves anomalías en el feto. Estos casos se están asumiendo a día de hoy en todos los hospitales públicos de Galicia.
A partir de la semana 22 —sexto mes de embarazo—, una mujer únicamente puede abortar si el médico detecta anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad en el bebé «extremadamente grave e incurable». Este diagnóstico debe ser confirmado con una segunda opinión por un comité clínico integrado por ginecólogos, expertos en análisis prenatales y pediatras. Por su complejidad, estas intervenciones solo se llevan a cabo en dos hospitales públicos de la comunidad: el Álvaro Cunqueiro, de Vigo, y el Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO).
El registro de objetores autonómico
Con respecto al registro autonómico de objetores obligatorio, el Ejecutivo gallego responde, preguntado al respecto, que se encuentra a la espera de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud les envíe el protocolo con las condiciones mínimas que garanticen el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación de este mecanismo, junto a la salvaguarda de la protección de datos de carácter personal, que exige el artículo 19 de la nueva ley.