Los datos mejoran, pero la brecha se mantiene entre el norte y el sur de España. El indicador general de exclusión social se redujo el año pasado en todas las comunidades, pero las cifras siguen siendo muy elevadas, con una de cada cinco personas en riesgo de pobreza en la mitad norte y hasta una de cada tres en la mitad sur
23 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.España sigue siendo un país con enormes desigualdades económicas y sociales entre el norte y el sur, tal y como constata el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), y aunque la brecha lleva siete años contrayéndose las tasas más elevadas —en concreto, las relativas a la privación material y a la pobreza severa— todavía multiplican por tres a las más bajas. El indicador general de exclusión social se redujo el año pasado en todas las comunidades, pero las cifras siguen siendo muy elevadas, con una de cada cinco personas en riesgo de pobreza en la mitad norte y hasta una de cada tres en la mitad sur. En Galicia son un total de 637.200 individuos los que se encuentran en esta situación, el 23, 6 % de la población, un porcentaje todavía alto, pero que supone el mejor dato del último lustro. Solo un año antes —en el 2021— eran 680.400 (el 25,2 %), 43.200 más.
El escudo social
El informe del citado observatorio ha calculado también la tasa de riesgo de pobreza que existiría en una sociedad sin acción del Estado, es decir, sin transferencias públicas a los hogares. Sin ayudas, el 44,5 % de los españoles estarían riesgo de exclusión social: a los 12,3 millones actuales se les sumarían otros 11,3 millones más. La acción del Gobierno se manifiesta con especial intensidad en Cantabria, Baleares, Canarias, Extremadura, el País Vasco y Galicia, donde las transferencias reducen entre un 30 y un 39 % el valor que tendría la tasa de pobreza si no existieran esas aportaciones.
En el documento «El Estado de la Pobreza en las comunidades autónomas en el 2023», elaborado con datos relativos al año anterior, Galicia figura 2,4 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, y Extremadura y Canarias se sitúan como las zonas con mayor riesgo de pobreza frente a Navarra, el País Vasco y Aragón, los territorios que salen mejor parados. El indicador Arope (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), propuesto por la Unión Europea, tiene en cuenta el porcentaje de personas que residen en hogares con carencia material y social severa, el de población en riesgo de pobreza y el de personas en situación de baja intensidad en el empleo.
Ni una semana de vacaciones
Casi la mitad de los andaluces (45,4 %), el 40 % de los canarios, el 42,3 % de los murcianos y el 42 % de los extremeños no pueden permitirse ni siquiera una semana de vacaciones al año. Y el 17 % de los españoles no tiene recursos para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Respecto a la pobreza severa, en el 2022 había en España 4,2 millones de personas viviendo en hogares con ingresos inferiores a 6.725 euros por individuo al año —560 euros al mes—, lo que supone el 8,9 % de la población total.
En cualquier caso, desde la EAPN-ES se muestran optimistas ante la reducción de los indicadores de pobreza porque, tal y como señaló su responsable de Investigación Juan Carlos Llano ayer, durante la presentación de los datos, «en un año, de una tacada, se han recuperado 12 años» de forma que las personas que estaban en situación de pobreza severa han pasado a estar en situación de pobreza y los que estaban en pobreza han salido de ella.
«Han aumentado mucho los casos de madres solas que piden ayuda»
En las organizaciones benéficas gallegas no han notado sin embargo la mejoría, al contrario. Aseguran que desde la crisis del ladrillo la demanda de ayuda no ha hecho más que crecer, que el perfil del que acude a ellas ha ido cambiando y que la necesidad ha acabado pesando más que el estigma social. Desde el Banco de Alimentos Rías Altas, Conchi Rey concreta que con el covid sus entidades distribuidoras llegaron a notar un incremento de los beneficiarios de un 30 %. «Cada vez son más las familias que necesitan ayuda para comer, familias que ingresan al mes 700, 800 euros, algunas incluso mil, pero que no llegan a fin de mes. Los sueldos son ridículos y los alquileres y los precios han subido muchísimo. Es imposible».
A estas entidades suelen pedir ayuda familias de clase media baja con un par de hijos, en las que solo trabaja uno de los dos progenitores encadenando contratos temporales, sin ingresos fijos. Rey advierte además un nuevo tipo de beneficiario, cada vez más común: el de la «madre sola con hijos», mujeres solteras o separadas incapaces de cubrir las necesidades de sus pequeños. «La idea que uno tiene en la cabeza de persona en riesgo de exclusión no se corresponde con la realidad —comenta—. La gente ha dejado de lado la vergüenza porque tiene que dar de comer a sus hijos», señala. También son habituales los mayores, dice, pensionistas o personas que cobran pequeñas ayudas. «Da bastante miedo».