La carrera profesional establece que accederán al sistema por concurso de méritos y serán evaluados cada cinco años para mejorar de categoría y salario, aunque si no superan la primera prueba podrían ser despedidos
09 abr 2023 . Actualizado a las 18:18 h.Es el viejo sueño de la comunidad científica en España que pronto podrá convertirse en una realidad en Galicia. Una carrera que garantice la estabilidad laboral del personal de investigación —científicos y técnicos— con un contrato fijo y un sistema de promoción profesional claro y definido desde el primer momento en función de los méritos. Y todo ello con sueldos muy competitivos que permitan atraer el talento a la comunidad.
Es lo que se recoge en el decreto de la carrera investigadora impulsado por la Axencia Galega de Innovación (Gain), dependiente de la Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ya ha pasado la fase de exposición pública e inicia su proceso de aprobación, que podría llegar antes de verano. Quedan, todavía, algunos flecos que se esperan acordar con los investigadores para alcanzar el máximo consenso, pero el objetivo es sacarlo adelante cuanto antes.
La normativa ampara a todos los investigadores y técnicos establecidos (R3) y a los sénior o jefes de grupo (R4) que trabajan o aspiren a hacerlo en el futuro en los centros dependientes de la Xunta, desde el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y la Fundación Pública Galega de Xenómica pasando por los investigadores hospitalarios del Sergas y los de las instituciones dedicadas a la investigación marina, como el Cetmar y el Intecmar, o a la agricultura y ganadería, entre otros.
Quedan excluidos los profesionales de las universidades y del CSIC, que no dependen de la Xunta, y los investigadores pre y posdoctorales. En este último caso, según se advierte en el decreto, «los contratos para los R1 y R2 ya se encuentran regulados por la normativa estatal».
«Queremos que el texto final sea el del mayor consenso posible por lo que aún tenemos que ajustar algunas cuestiones y, aunque llevamos tiempo trabajando y ha pasado el período de alegaciones, intentaremos alcanzar el máximo acuerdo», explica Patricia Argerey, directora de Gain, quien destaca que «queremos hacer una normativa que trate los científicos y técnicos por igual, sea del ámbito que sean, y que regule su actividad».
«Creamos una carrera profesional —añade— que, aparte de garantizarles un contrato fijo, les ofrece un mecanismo de promoción, una senda estable y predecible desde el minuto uno».
El decreto contempla la contratación fija para las categorías de investigador establecido (R3) y sénior o jefe de grupo (R4), lo que marcará el inicio de su carrera profesional como investigador estable. El acceso será por concurso de méritos, adaptado al perfil de cada plaza, en el que se acredite la valía profesional. No será por oposición, que es el mecanismo habitual para entrar en la función pública. A los trabajadores que ya son funcionarios se les dará la opción de quedarse como están o de acogerse al decreto.
Evaluaciones
A los cinco años de la formalización del primer contrato serán sometidos a una prueba, a partir de la cual consolidarán mejoras retributivas. Sin embargo, si no se supera esta primera evaluación el profesional podrán ser despedidos. Sin embargo, en las siguientes evaluaciones, que se realizarán cada cinco años y serán un máximo de seis, ya no podrán ser despedidos, pero cada una de ellas que se supere se verá recompensada con una importante mejora salarial.
«Estamos hablando de que son salarios muy competitivos, porque lo que queremos es atraer el talento a Galicia, incluso con nuevos centros que se puedan crear», precisa Argerey Vilar.
De este modo, un investigador sénior arrancará con una retribución de 56.876,24 euros, al que se sumará un complemento de excelencia de 6.000 euros por cada una de las evaluaciones que supere cada cinco años. Un científico establecido cobrará al inicio 48.889,73 euros y tendrá un complemento quinquenal de 5.000 euros. Un técnico superior de investigación empezará cobrando 42.120 euros y uno sénior 48.880,73 euros. En el primer caso la superación de las evaluaciones supondrá un plus de 4.000 euros y, en el segundo, de 5.000.
Pero también tendrán opción a un complemento extraordinario, con el que se premiará a los investigadores excelentes con capacidad de captar recursos en convocatorias competitivas.
Una normativa pionera en España para atraer talento
«Queremos promover la excelencia. Y si algún investigador capta muchos recursos porque es muy bueno, también se lo vamos a retribuir. Si no tenemos buenos profesionales no podemos ser competitivos y captar proyectos, y lo que queremos es ser competitivos», destaca Patricia Argerey, directora de Gain.
Al margen de las ventajas salariales —que mejoran en sus puestos equivalentes a las categorías de profesor titular y catedrático de Universidad—, a los científicos y técnicos también se les ofrecerán otras opciones para que puedan progresar. Por ejemplo, si crean una spin-off, una empresa derivada de su investigación, podrán dedicarse a ella el tiempo necesario y luego retomar su trabajo. Y también se favorecerán las estancias profesionales de investigación en otros grupos internacionales.
La música del decreto suena bien a los científicos, pero todavía queda ajustar la letra. La comunidad investigadora es, de momento, escéptica. No por la regulación en sí misma, sino por su larga experiencia de promesas incumplidas.
Su nivel de confianza en la administración es bajo, pese a que el pasado año el Gobierno central aprobó también la Ley de la Ciencia, que ofrece más derechos y estabilidad a los investigadores. «Este es un decreto que si lo hacen bien puede contribuir a mejorar el sistema científico gallego, pero tienen que hacerlo bien en los puntos aún en discusión, porque ahora mismo el nivel de confianza del personal investigador en la gestión de la I+D+i es cero. Se ha precarizado y maltratado al personal investigador durante estos últimos 13 años», confiesa una científica afectada.
Si la norma se aprueba finalmente en junio o julio, Galicia se convertirá en la primera comunidad de toda España en regular la carrera de todo el personal de investigación que dependa de la administración autonómica.
Queda, sin embargo, otra patata caliente: el personal de las fundaciones sanitarias. En este momento no pertenecen al ámbito público, algo necesario si quieren beneficiarse del decreto. La voluntad es integrarlos. Pero aún no lo están.
