El Gobierno anuncia una revisión de la ley del «solo sí es sí» para endurecer las condenas

La Voz REDACCIÓN

SOCIEDAD

La ministra de Igualdad, Irene Montero
La ministra de Igualdad, Irene Montero Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Tendría efecto a futuro porque en las revisiones de los casos juzgados se aplica siempre la norma más beneficiosa para el reo. La ministra Alegría dice que el consentimiento de la mujer seguirá en el centro

30 ene 2023 . Actualizado a las 20:10 h.

El Ministerio de Igualdad ha avisado de que ninguna reforma penal de la ley del «solo sí es sí» «puede frenar las revisiones» de penas, advirtiendo de que volver al modelo anterior supone hacer pasar a las víctimas por «un calvario probatorio» para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas. Fuentes de Igualdad han respondido así a la intención de la parte socialista del Ejecutivo de reformar la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual tras la cascada de rebajas de condenas, e incluso excarcelaciones, de agresores sexuales. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha confirmado a primera hora de este lunes que el Gobierno corregirá la ley y que lo hará tomando como base un borrador de Justicia. La reforma, ha aseverado, se llevará a cabo de la mano de «los expertos, catedráticos y magistrados que más conozcan esta parte de nuestro derecho penal». «Creo que es absolutamente imprescindible que así lo hagamos», ha zanjado.

Ya a mediodía el PSOE ha anunciado la presentación en el Congreso de una proposición legislativa para reformar la llamada ley del «solo sí es sí», que incluiría un aumento de las penas para los agresores sexuales y en la que no se modificará el artículo referido al consentimiento de la mujer.

La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado esta medida en una rueda de prensa en la sede de Ferraz y ha confiado en que la proposición de ley se registre «lo antes posible» y en que cuente con el consenso de Unidas Podemos para presentarla de forma conjunta.

 

La propuesta del Ministerio de Justicia, después de la ley del «solo sí es sí» haya supuesto ya 338 reducciones de condena y 23 excarcelaciones, pasa por recuperar las penas del anterior Código Penal. Según ha adelantado la Cadena Ser el equipo de Pilar Llop aboga por las condenas de entre 1 y 5 años de cárcel cuando haya violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años cuando la agresión sexual sea con penetración.

El PSOE ya dejó claro que va a presentar «lo antes posible» una propuesta de revisión de la ley con el acuerdo de Podemos o sin él, aunque espera tenerlo. Desde la formación morada, aunque ya no se niega como hasta ahora la necesidad de una modificación legal, sí rechaza cualquier cambio que suponga volver al modelo legislativo anterior. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que el «consentimiento tiene que seguir en el centro del Código Penal». «No podemos volver al calvario probatorio de demostrar que nos resistimos lo suficiente», ha apuntado, mientras desde el Ministerio de Igualdad insisten en que «no existe ninguna reforma penal que pueda frenar las revisiones, ya que son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley».

Entre tanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, habla de «no solo bochorno nacional, sino bochorno internacional» y le ofrece al PSOE sus votos para cambiar la norma sin contar con Podemos. «Alguien ha tenido un poco de sentido A lo mejor la intención era una y plasmada queda de otra forma», ha valorado en referencia a la intervención del PSOE, la presidenta de Asociación de Mujeres Juristas Themis, Pino de la Nuez.

Plan de medidas urgentes

La propuesta del departamento que dirige Irene Montero pasa, sin embargo, por un plan de medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar de forma eficaz la ley. «No existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones, ya que son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley», insisten desde Igualdad, que defiende la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres. Para los casos pasados, la actual norma seguirá siendo la más favorable al reo; cualquier retoque solo se aplicará a los nuevos.

Según el ministerio, «es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas». Para proteger a las víctimas de violencias sexuales e «implementar la ley del "solo sí es sí"», Igualdad plantea estas diez medidas urgentes:

  1. Doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual.
  2. Refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales.
  3. Garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas.
  4. Inclusión de las víctimas de violencia sexual en el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) desde el 2023 e incremento del número de dispositivos.
  5. Refuerzo de las unidades de valoración forense integral.
  6. Formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia e Interior así como educación y sanidad).
  7. Implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales.
  8. Creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo.
  9. Incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior indica que dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia de género, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual.
  10. Implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.