La prensa reivindica una compensación «justa» por el derecho de copia privada
SOCIEDAD
Los periódicos piden al Gobierno que se les equipare con los sectores de la música y el libro
27 ene 2023 . Actualizado a las 22:32 h.Fotocopiar artículos de prensa, reproducirlos en el móvil o descargarlos en nuestro ordenador son acciones cotidianas que muchos ciudadanos hacen sin compensar a sus titulares. Tienen derecho a ello, pero a cambio el Estado impone pequeñas tasas a esos aparatos. A diferencia de lo que viene sucediendo desde hace años en los principales países de la UE, los editores de prensa en España no han percibido un euro por esas copias que los particulares hacen para su uso personal.
Esta discriminación histórica dio un giro de 180 grados el pasado verano cuando el Gobierno anunció un real decreto para compensar a la prensa por las copias privadas, un derecho que ya poseían las industrias de la música, el audiovisual y el mundo del libro, pero de forma inexplicable no los periódicos y revistas. Efectivamente, en el borrador del nuevo decreto, aún pendiente de su aprobación en el Consejo de Ministros, el Gobierno amplía, como prometió, ese derecho a periódicos, revistas y partituras. «Esa fue una buena noticia que celebramos antes del verano cuando se conoció, pero la mala es que podemos encontrarnos ante una situación en la que los periódicos vean reconocidos sus derechos sin una asignación económica acorde con los usos reales de la copia privada».
La advertencia la lanza Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI), preocupada por que el importe que perciban los editores no llegue a compensar el perjuicio de la copia privada. La AMI, que representa a todos los periódicos y agencias de nuestro país, teme que el Real Decreto mantenga los mismos porcentajes de compensación para cada sector (audio, vídeo y texto), sin tener en cuenta que a este último apartado se incorporarán a partir de ahora los periódicos, las revistas y las partituras, además de los libros, que ya figuraban antes.
Sentencia del Supremo
En el 2021, por ejemplo, se repartieron 52,6 millones de euros por este concepto, entre el bloque del vídeo (que se llevó el 41,1% del total), el audio (37,3%) y el libro (21,6%). «La cuestión fundamental —subraya Lanzaco— es que esos porcentajes están determinados antes de que se considerara la llegada de nuevos titulares de derechos, que somos la prensa, las revistas y las partituras. Si se incorporan nuevos titulares, necesariamente el peso de los diferentes bloques tiene que cambiar, y en el caso del texto lo ha de hacer al alza porque habrá más copias privadas».
La directora de la AMI esgrime otras dos razones de peso para que el Gobierno incremente el porcentaje de compensación a los medios escritos. Por un lado, el consumo cada vez mayor de música y películas en streaming ha generado menos copias privadas en este sector. Y por otro, una sentencia del año pasado del Tribunal Supremo referida al reparto de la copia privada entre los tres sectores, asignó el 25% al editorial (algo más que el actual 21,6% del Gobierno), «pero sin tener en cuenta la participación de periódicos y revistas, puesto que en aquellas fechas aún no tenían reconocido ese derecho», apunta. «Una razón más para ajustar la distribución de esta compensación a una nueva realidad».
Lanzaco reivindica que los editores reciban una compensación «justa» que pasa, necesariamente, por modificar los porcentajes. «Con la incorporación de la prensa, las revistas y las partituras al bloque editorial, este tiene que ponderar más». Y recuerda, en alusión a los otros dos sectores, que «no estamos en condiciones de ceder a otros esos ingresos legítimamente nuestros cuando la prensa precisa de ellos para garantizar su sostenibilidad y cumplir su función esencial de garante de las libertades democráticas y derechos ciudadanos. Porque solamente un ciudadano informado puede ser un ciudadano libre».
La reivindicación de la AMI es compartida por Cedro, la asociación que representa los intereses de autores y editores, que pide que el real decreto que prepara el Gobierno «reconozca, para cada uno de esos tres bloques, la compensación acorde al perjuicio efectivo que les ocasionan las reproducciones». A juicio de Jorge Corrales, su director general, «solo así la norma española conseguirá tratar a todos los titulares afectados de una manera equitativa y, al tiempo, ajustarse a las normas y sentencias europeas».