La comunidad está por encima de la media de España, donde hay autonomías como Extremadura que derivan todo a la sanidad concertada
19 ene 2023 . Actualizado a las 16:59 h.La nueva ley del aborto, que será aprobada en las próximas semanas, blinda la sanidad pública como referencia a la hora de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, pero en la actualidad solo tres comunidades (Cantabria, Baleares y Cataluña) realizan más abortos en centros públicos que en privados.
Con la polémica de fondo del nuevo protocolo para frenar los abortos en Castilla y León, la nueva ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, y que persigue ampliar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, prosigue su tramitación parlamentaria a la espera de ser aprobada en el Senado.
La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo estipula que las comunidades autónomas deberán reorganizar sus recursos para que todas las mujeres puedan abortar en un centro público, incorporando la previsión de proximidad del domicilio.
Solo un 15,6 % de los abortos se realizaron en la pública
Sin embargo, el último informe sobre interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España durante el año 2021 publicado por el Ministerio de Sanidad dibuja un escenario bien distinto y es que menos del 16 % de los abortos (el 15,6 %) se realizaron en centros públicos el pasado año.
Del total de intervenciones realizadas (90.189); el 13,61 por ciento se produjo en hospitales (de ellos, el 7,34 % privados y el 6,27 % públicos) y el 86,39 por ciento se derivó a centros acreditados para la interrupción del embarazo, de los cuales el 76,99 por ciento fueron privados y sólo un 9,4 % públicos.
Solo tres comunidades primaron la sanidad pública a la hora de llevar a cabo los abortos. Cantabria, con un total de 824 interrupciones voluntarias del embarazo, llevó a cabo el 67,3 % de estas en centros públicos; en Baleares el porcentaje ascendió al 61,7 %, mientras que en Cataluña fue del 52,5 %.
En el lado contrario, Extremadura —además de Ceuta y Melilla— no ha realizado ninguno de los 1.284 abortos que reportó en 2021 en un centro sanitario público, mientras que en la Comunidad de Madrid únicamente se han practicado dos de las 15.188 intervenciones en la pública (el 0,01 %); y en Murcia solo uno de los 3.267 (el 0,03 %).
Por debajo del 1 % están también Andalucía (0,05 %) con diez abortos en la pública de un total de 17.487; Castilla-La Mancha el 0,06 % —dos de 3.203—; y Aragón con 5 de 1.917 (un 0,26 %).
Navarra y Galicia, con el 30,9 % y el 22 % respectivamente, se encontrarían en mejor posición que la media, pero todavía con datos muy alejados de lo que contempla la nueva ley.
En Asturias, una de las comunidades con mayor tasa de abortos del país, la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada tanto en los centros concertados que hay en Oviedo y Gijón como en la red de hospitales públicos, que llevan a cabo en torno al 5 % del total de los practicados en la comunidad.
La nueva ley, según fuentes de la Consejería de Sanidad, no va a afectar sustancialmente lo que se viene haciendo en Asturias en materia de interrupción del embarazo desde hace años ya que la mujeres podrán seguir eligiendo en las primeras 14 semanas de gestación el centro en el que llevarlo a cabo, o hacerlo cuando superan ese plazo o por indicación médica en un hospital público con tiempos adecuados y confidencialidad.
La Rioja contratará personal para garantizar este derecho
Otras comunidades como La Rioja, que de los 332 abortos voluntarios realizados el pasado año, sólo llevó a cabo 11 en centros públicos (el 3,31 %), ya ha comunicado que garantizará el derecho al aborto en la sanidad pública y mantendrá la opción actual de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la comunidad a aquellas mujeres riojanas que opten por ello.
La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Somalo, ha informado a EFE de que la sanidad pública riojana contratará a personal externo a la comunidad para que pueda garantizarse este derecho en todas sus opciones en los hospitales San Pedro de Logroño y el de Calahorra.
Y ha recordado que, en la actualidad, no se garantiza el aborto dentro de la sanidad pública de esta comunidad porque todos los profesionales sanitarios del SERIS optaron por ejercer su derecho a la objeción de conciencia.