El presidente de la Junta de Castilla y León corrige a Vox y recuerda que las medidas incluidas en el protocolo encaminado a reducir los abortos no son obligatorias, ni para los facultativos ni para las mujeres. La ministra de Sanidad asegura que, si se aplican, el Gobierno recurrirá a la Justicia. Los sanitarios todavía no han recibido las pautas a seguir, por lo que no las están implementando
16 ene 2023 . Actualizado a las 16:25 h.En una España que prohíbe el hostigamiento a las puertas de las clínicas abortistas —castigando los gritos, pero también el ofrecimiento de ecografías para disuadir a las embarazadas de interrumpir sus embarazos— y que acaba de eliminar por ley los tres días de reflexión obligatoria, el Gobierno de Castilla y León está dispuesto a poner en marcha este lunes un polémico protocolo encaminado a reducir los abortos, en el que se incluye el ofrecimiento a todas las gestantes de escuchar el latido fetal. Los médicos de familia, matronas y ginecólogos de la sanidad pública no han recibido sin embargo pautas a seguir, por lo que de momento no están aplicando estas medidas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que su Gobierno vaya a implementar el protocolo antiabortista que anunció su vicepresidente, Juan García-Gallardo. «No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada», ha zanjado en una declaración institucional, sin preguntas, antes de reconocer que estas medidas podrían «derivar en coacciones directas e indirectas» y tras acusar al Ejecutivo central de intentar crear «una polémica» con la cuestión.
El protocolo incluiría la derivación a salud mental de las mujeres «que lo requieran», una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo, tres planteamientos que nada gustan al Gobierno central, que este domingo remitió un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que se abstuviera de ponerlos en marcha. Este lunes, la ministra de Sanidad aseguró incluso que el Gobierno está dispuesto a acudir ante la Justicia. Observó Darias que esas medidas, ya sean obligatorias o recomendaciones, «contravienen la legalidad vigente».
«Llegaremos a todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone al alcance para la defensa de la legalidad», dijo en una entrevista en la cadena Ser, en la que garantizó que el Gobierno «no permitirá un paso atrás en los derechos de las mujeres». La ministra advirtió de que no se pueden ofrecer pruebas complementarias «porque lo que están incentivando es la pro culpa de las mujeres» y eso —señaló— «no cabe en la ley y la Junta no tiene ámbito competencial para hacerlo». Además, se refirió al «elocuente» silencio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, sobre el asunto. «Es evidente que no está cómodo y que se siente mal», valoró la ministra, instándole a «poner fin a esta tropelía que lo que hace es insistir en la culpabilización de la mujer a la hora de decidir su maternidad, algo que este país ha dejado atrás después de mucho sufrimiento».
Preguntado al respecto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avisó de que no conoce el protocolo en profundidad, pero se remitió «ao manifestado polo presidente de Castilla y León dúas veces esta fin de semana: a medida está dentro da normativa e respecta tanto os dereitos das mulleres como os dereitos dos sanitarios». «Teño que quedarme con esa parte, como non podía ser doutra maneira», concluyó.
Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha calificado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de «rehén de Vox» tras criticar su silencio sobre el protocolo antiaborto de Castilla y León, y ha descartado por ahora aplicar el artículo 155 de la Constitución en esa comunidad.
«El Gobierno no está ahí», ha dicho la también ministra de Educación preguntada por la posibilidad de aplicar este artículo de la Constitución para obligar a la Junta de Castilla y León a dar marcha atrás con la aplicación del protocolo si no atiende al requerimiento enviado el domingo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Las matronas «se llevan las manos a la cabeza» y los médicos de familia hablan de «tortura» para las mujeres
Los médicos de familia rechazan la propuesta de VOX en Castilla y León de implantar un protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que pase por hacer escuchar el latido del feto a las mujeres, entre otras cuestiones.
Así, el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y responsable del grupo de trabajo de salud de la mujer, Lorenzo Armenteros, lo tacha de «tortura» a las mujeres. El médico lucense habla de un «rechazo absoluto» de la comunidad «a todo aquello que se quiera hacer fuera de la ley, como es este caso».
Armenteros explica que todos los pasos a seguir cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente el embarazo «son claros y están recogidos en la ley». «Bajo ningún concepto se puede obligar al médico a sugerir que la mujer escuche el latido del feto», ha apuntado. Para el médico, «el aborto es un proceso muy doloroso y difícil» al que, si se le suma la intención de VOX, «se convierte casi en una tortura para las mujeres». Armenteros, además, recuerda que la ley del paciente le permite decidir hasta dónde «quiere recibir qué tipo de información». Explica que tienen «el deber de informar de todo al paciente con el límite que él mismo o ella misma ponga».
Las matronas de Lugo, por su parte, se «llevan las manos a la cabeza» con el nuevo debate sobre el aborto. Christian Martín, enfermero especialista en obstetricia y ginecología con experiencia en interrupción voluntaria del embarazo, destaca que «es un proceso profundamente gris y delicado», sin que exista un motivo concreto. «Muchas veces abortan no porque no quieran tener al niño, si no porque no pueden seguir adelante con el embarazo», detalla Martín, y añade que detrás hay motivos diferentes, como económicos, de pareja u otros.
Asegura que, pese a que en la consulta las mujeres solo tengan que decir «si o no al aborto», el período previo, las 72 horas de reflexión que se dan por ley, «es dificilísimo». Martín detalla que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo de forma voluntaria suelen acompañar su decisión de un apoyo psicológico que demuestra «que es una decisión muy difícil que puede afectar también a su salud mental». «Añadir la escucha del latido cuando ya se tiene la decisión tomada puede ser terrible», ha advertido. Ambos expertos coinciden en dudar de que «esta propuesta salga adelante, entre otros motivos, porque si no lo es (ilegal), roza la ilegalidad en muchos aspectos».