El Gobierno aplaca el debate interno sobre la reforma de la ley del «solo sí es sí»

paula de las heras COLPISA

SOCIEDAD

Kiko Huesca | EFE

El deseo de no abrir un nuevo frente con Podemos lleva a Sánchez a acallar voces como la de la ministra Robles o Ximo Puig

07 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Nada ha cambiado tras la primera sentencia del Tribunal Supremo que, en aplicación de la ley del «solo el sí es sí» rebajó la semana pasada en un año la pena que habría impuesto a los dos jugadores de la Arandina condenados por agresión sexual a una menor, a pesar de suprimir una atenuante analógica que les fue aplicada en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Gobierno, que esperaba esa decisión del alto tribunal como agua de mayo para cerrar un capítulo que le resulta especialmente espinoso y comprometedor para su discurso feminista, vio cómo sus esperanzas se hacían añicos. El debate ha vuelto al terreno político y el Ejecutivo sigue pidiendo tiempo para evaluar si es o no necesario reformar la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Retocar el texto que entró en vigor el pasado 7 de octubre, como hace unos días volvieron a sugerir el expresidente Felipe González y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig o como este mismo sábado apuntó incluso la ministra de Defensa y juez de profesión, Margarita Robles, bestia negra de Podemos, aumentaría en varios grados una tensión que ya roza máximos entre el PSOE y sus socios de coalición. Esa es, según asumen en su partido, la razón por la que Pedro Sánchez se resiste a hacerlo y, al menos de momento, se muestra dispuesto a aguantar el desgaste del continuo goteo de revisiones judiciales, que ha dejado ya en libertad a 13 condenados por agresión sexual y rebajado las penas de otros 47. En Moncloa defienden que, pese a la alarma producida por esas revisiones, la ley es positiva para el objetivo que perseguía, la protección «integral» de las mujeres, y que hay que dejar tiempo para que pueda desplegar todos sus efectos. «Es importante que no perdamos la perspectiva -argumentó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez-; es una ley que va mucho más allá de lo que tiene que ver con la reforma penal, que protege también a quienes no denuncian y que aborda cuestiones que van desde la educación a una atención personalizada de la víctima».

En las filas socialistas son muchos los que temen que la falta de respuesta a un problema no previsto pero generado por la propia ley les acabe pasando factura, pero los últimos sondeos privados conocidos esta semana han infundido cierta tranquilidad en el Ejecutivo. «¿Desgaste, qué desgaste?», replican con ironía en el núcleo duro del Gobierno en alusión a estudios publicados por medios como El Mundo o El País, en los que se apunta a una caída en intención de voto del PP y a un cierta estabilización del PSOE suficiente incluso para permitirle gobernar con sus actuales alianzas parlamentarias. «La gente sabe que es una ley protectora que quizá baje las penas en algunos supuestos pero las aumenta en otros», añaden.

Oficialmente, en realidad, desde el ala socialista del Gobierno no se emite un no rotundo a retocar la ley, pero todo apunta a que el plan es simplemente esperar a que amaine. Sánchez optó por cerrar en seco el debate cuando, hace tres semanas, estalló la crisis, Podemos y sus ministras cargaron contra los jueces y desde el PSOE se abrió la puerta a volver a legislar sobre el asunto. El presidente defendió las bondades de la norma y pidió esperar a que la Fiscalía y los tribunales «unificaran doctrina».

Un «caso concreto»

Aunque en un primer momento advirtió de las dificultades de plantear criterios generales, la Fiscalía acabó saliendo al rescate del Gobierno con un decreto que instaba a mantener las penas impuestas siempre que se encontraran dentro de las horquillas de la nueva ley, pero lo importante es la decisión de los tribunales que son los que, en última instancia, aplican la legislación (y los que están obligados a hacerlo conforme al texto más beneficioso para el reo).

La resolución del Supremo en el caso de la Arandina fue, en ese sentido, un varapalo para el jefe del Ejecutivo. Pero en Moncloa aducen ahora que el alto tribunal se refirió a «un caso concreto» y que es pronto para dar nada por sentado. «Estamos viendo si es posible una unificación de doctrina. Pero teniendo en cuenta la prioridad del Gobierno que es la protección de las víctimas», reiteró la portavoz. En principio, bastan dos sentencias del alto tribunal en la misma dirección para que los tribunales inferiores consideren que ya existe una jurisprudencia por la que guiarse. Pero en el Ejecutivo no aclaran cuántas creen necesarias para decidir si es preciso o no actuar. 

La Audiencia de Navarra no rebajará la pena a un condenado de La Manada

mateo balín

 En contra de la línea seguida por al menos nueve tribunales territoriales, la Audiencia de Navarra anunció este lunes que no rebajará las condenas por delitos sexuales cuando las penas impuestas puedan ser imponibles con la ley de libertad sexual, la del «solo sí es sí». Las dos secciones penales solo revisarán las sentencias cuando la pena contemplada resulte superior o más grave que la máxima recogida en la nueva norma. Esta decisión avanza que los magistrados van a rechazar la solicitud de revisión a uno de los condenados por el mediático caso de La Manada. Se trata de Ángel Boza, que cumple prisión en el centro penitenciario de Albolote (Granada).

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