Un juzgado aplica por primera vez la ley «del solo sí es sí» a un procesado por agresión sexual

mateo balín COLPISA

SOCIEDAD

La víctima fue una menor de 16 años y el acusado podría obtener una pena dos años menor que con la antigua ley

25 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Desde la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí», el pasado 7 de octubre, solo se habían revisado condenas por delitos de abuso o agresión sexual los tribunales de instancia a la espera del camino que marque el Tribunal Supremo el próximo martes, cuando delibere y falle los recursos de casación por el llamado caso Arandina: el castigo a 3 y 4 años de prisión a dos exfutbolistas del equipo burgalés por abuso sexual a una menor.

Hasta la fecha el debate jurídico sobre las consecuencias de la reforma del cuadro de penas con la ley «del solo sí es sí» —con variaciones en la horquillas mínimas y máximas al fusionarse los delitos de abuso y agresión sexual en uno solo— se ha centrado en sentencias ya dictadas, en ningún caso en procedimientos en marcha (en fase de instrucción o en fase intermedia).

Sin embargo, un juzgado de instrucción de Huelva ha sido el primero en aplicar el nuevo Código Penal a un investigado por la agresión sexual a una menor de 16 años «por ser más favorable al reo tras la reformada operada por Ley Orgánica 10/2022». Esta interpretación fue reclamada por el abogado de la defensa, Fernando Pamos, y se ha hecho en el auto de procesamiento después de concluir la investigación. Una resolución susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Los hechos de esta causa se cometieron con la anterior ley, enmarcada en el delito de abuso sexual a un menor de 16 años, que iba de los 8 a los 12 años de cárcel, y con el «solo sí es sí» se consideran agresión sexual por el artículo 181 apartados 1 y 3 del nuevo Código Penal, cuya franja punitiva va de 6 a 12 años. Es decir, se reduce la mínima en dos años.

Según el auto firmado el pasado lunes, al que ha tenido acceso este periódico, los indicios vienen constituidos por las manifestaciones de la menor, que relató «con detalle y sin contradicción» que el acusado le realizó tocamientos y le llegó a introducir los dedos en la vagina. Un relato corroborado por testigos de referencia que conocieron los hechos y ratificado en el informe pericial psicológico que le realizaron a la víctima, que descarta «estrategias de simulación».

Ahora las partes deberán emitir sus escritos provisionales de acusación y de defensa. Los primeros, Fiscalía y acusación particular, tendrán que acotar los hechos al cuadro de penas de la nueva ley por orden del juzgado. Y en el caso del representante del Ministerio Público, lo hará con la novedad además del último decreto publicado por el fiscal general que trata de limitar el impacto de las rebajas de condenas, aunque en este caso se trate de un procedimiento en marcha.

Las dudas de que el caso Arandina sea la vía para la doctrina del Supremo

El próximo martes 29 de noviembre, el Tribunal Supremo revisará el recurso de casación presentado por la acusación particular, la popular (ejercida por la Asociación Clara Campoamor) y la Fiscalía contra la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que redujo a la mínima expresión las fuertes condenas impuestas por la Audiencia de Burgos a tres jugadores del club de fútbol de la Arandina, acusados por una menor de haberla agredido sexualmente.

El análisis de esta causa se ha situado en el foco del interés público por el hecho de que pueda comportar la primera resolución del Supremo que arroje luz, avanzando en la unificación de doctrina, sobre la polémica aplicación de la ley del «solo sí es sí». Pero persisten las dudas sobre que esto, finalmente, acabe siendo así. O de qué modo.

La Sala de lo Penal ya ha preguntado a las partes, incluida la defensa de los condenados, si consideran que la nueva norma sobre la garantía de la libertad sexual afecta o no a este caso, juzgado con el anterior Código Penal. Los hechos, sucintamente, constatan cómo en primera instancia la Audiencia burgalesa sentenció en 2019 a los tres procesados a 38 años de cárcel al considerar probado que habían agredido dos años antes a una menor; unas penas que el Tribunal Superior atenuó de forma muy notable al bajar la calificación del delito a abuso al no mediar intimidación, lo que supuso la absolución de uno de los imputados y condenas de tres y cuatro años para los otros dos.

La Fiscalía General del Estado, que esta semana ha dictado una instrucción a los miembros de la carrera para tratar de paliar el efecto indeseado de la ley, sostiene en un informe que la norma es aplicable a este caso con el objetivo de endurecer las penas. El Ministerio Público explica que las horquillas penales del recién estrenado cambio legislativo le habilita para mantener ante el Supremo la petición de 10 años de prisión para los tres jugadores de la Arandina.

Pero la complejidad técnica de esta causa radica, entre otras cosas, en que se trata aún de «un caso abierto», explica la delegada del Gobierno contra la Violencia Machista Victoria Rosell. Es decir, el recurso ante el Supremo es en casación por unas condenas que no son firmes. Y una cosa es una revisión de condena y otra, la revisión de penas ya impuestas, que los agresores están cumpliendo y que son el objeto de la controversia sobre la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí' que entró en vigor el 7 de octubre.

Al margen de los efectos que acabe teniendo esta distinción legal, tanto la Fiscalía como Rosell confían en que el alto tribunal asuma las apelaciones en el sentido de elevar la condena a los procesados de la Arandina. Lo que evidenciaría, subraya la jueza hoy en el Gobierno, la pertinencia de la nueva normativa.